Más de 4oo.ooo euros para un exasesor del PSOE y su mujer en posibles comisiones ilegales

En un atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil asevera que los imputados «podrían haber visto incrementado su patrimonio de forma considerable y sin justificación aparente en relación con los ingresos que legítimamente han recibido por su trabajo, actividades económicas y rendimientos del capital». De este modo, la diferencia entre el patrimonio inicial a fecha 1 de enero de 2005, que asciende a 243.811,53 euros, y el patrimonio final a 1 de enero de 2012, por valor de 1.055.208,21 euros, es de 811.396,68 euros, todo ello a pesar de que los ingresos justificables ascienden «sólo» a 531.209,83 euros. «Este hecho es ya de por sí llamativo, puesto que a simple vista el incremento patrimonial sería superior a los ingresos justificados del matrimonio, a los que habría que restar los adeudos por recibos domiciliados, pagos con tarjetas e intereses de préstamos hipotecarios», que ascienden «al menos» a 131.028,71 euros, una diferencia que da como resultado unos ingresos justificables de 400.181,12 euros.

Según los agentes, esto último «pone de manifiesto un desfase de 411.215,56 euros» entre el incremento patrimonial y los ingresos una vez deducidos los gastos mencionados», lo cual «explica por qué el balance de las cuentas corrientes no se sostenía solamente con los ingresos justificados, lo que ha llevado al matrimonio a inyectar en el sistema bancario las cantidades de dinero en efectivo a las que se hace referencia y a realizar numerosas compras en efectivo». La Guardia Civil precisa, además, que en las cuentas bancarias del matrimonio «se observan 233.306,83 euros en ingresos en efectivo que no proceden de cargos anteriores en otras cuentas propias, a los que hay que sumar compras realizadas en efectivo por importe de 390.785,83 euros , lo que hace un total de 624.092,66 euros sin justificar».

Además de estos pagos de efectivo, «se ha constatado el pago de diferentes comisiones ilegales, materializadas en bienes o servicios y algunas pagadas incluso en efectivo, que han sido financiadas» por el también imputado Rafael González Palomo a través de Fitonovo y Fiverde, de la que es administrador Ángel Manuel Macedo , el cual «tenía pleno conocimiento de toda la operativa». La Guardia Civil precisa que las «comisiones» en bienes o servicios habrían sido de 63.431,41 euros, mientras que en efectivo ascenderían a 30.000 euros. «El incremento patrimonial» mencionado «es imposible de lograr de no ser con los ingresos y pagos en efectivo sin justificar, los cuales pudieran proceder de comisiones ilegales», agrega.

A juicio de los agentes, «este incremento patrimonial injustificado parece tener una relación directa con los cargos y puestos desempeñados» por Castaño «tanto en el Ayuntamiento como en Mercasevilla» y las «contraprestaciones que habría recibido de empresas adjudicatarias del Ayuntamiento, habiéndose detectado determinadas prácticas que parecen ir encaminadas a ocultar el pago de importantes cantidades de efectivo y la comisión de supuestos delitos de cohecho». «CAJA B» Sobre este particular, la Guardia Civil hace mención a los pagos en efectivo realizados por Castaño para la reforma de su vivienda en la capital hispalense, indicando que Construcciones Donacon «había emitido facturas por un importe total de 116.492,95 euros», pero sin embargo «el montante total de la obra sería mucho mayor atendiendo a los archivos recuperados», siendo algunos de ellos tablas «que contienen una relación de los pagos, entre los que figuran tanto los pagos 'legales' amparados con su correspondiente factura, como otros que se corresponderían con entregas de efectivo hasta un total de 261.000 euros».

En este sentido, señala que el administrador de la empresa referida declaró que Castaño «se negó a que se emitieran facturas por el total de la obra, pagando dichas cantidades de efectivo con billetes de alto valor facial, en su mayoría de 500 euros », un hecho que «sería llamativo, puesto que no solo con esto se elude el pago del IVA, sino que además consigue» que la empresa «deje de declarar los ingresos percibidos» del imputado, «dificultando en gran medida conocer lo efectivamente pagado». Además, Castaño «consigui ó comprar 50.000 euros en muebles en tres ejercicios diferentes sin que las sociedades declarasen dichas ventas de mercancías a la agencia tributaria, dificultando así que esta compra pudiera ser conocida», pero «dada la experiencia profesional» del imputado «se haría muy difícil creer que esta manera de proceder sea casual o simplemente como medio para eludir el IVA, sobre todo cuando era él mismo el que se negaba o daba instrucciones para que no se realizaran las facturas preceptivas».

En el atestado, los agentes también llaman la atención sobre el hecho de que, en la relación entre Castaño y Fitonovo, «se han detectado varios supuestos delitos de falsificación de documento mercantil en relación a varias facturas con dos proveedores diferentes al objeto de ingresar los importes de dichas facturas en una supuesta 'caja b' de la citada mercantil ». Por otro lado, y entre la documentación sobre la que se ha levantado el secreto sumarial, figura un oficio de la Guardia Civil en el que narra que, durante la entrada y registro efectuada en l a vivienda del matrimonio en Guillena (Sevilla), fue hallada una caja fuerte en la planta superior con 4.000 euros en su interior en billetes de 50 y 20 euros, mientras que otros 8.125 euros en efectivo fueron hallados en el dormitorio.

Mientras tanto, en la vivienda de la capital los agentes intervinieron 990 euros en efectivo en una habitación y otros 1.000 euros en una caja fuerte , aunque «habiendo tenido unos ingresos de efectivo de 624.092,66 euros, de los que se desconoce su procedencia, las cantidades de efectivo halladas no pueden considerarse significativas». Al hilo, informa de que, en el marco de la investigación, tomó declaración al propietario de una empresa dedicada a la construcción de inmuebles, quien manifestó haber realizado una obra en el inmueble de Guillena en el marco de la cual se hizo un hueco en hormigón para caja fuerte en el interior de una caseta «simulada como una caja empotrada de registro de la instalación eléctrica o mecanismo eléctrico».

La Guardia Civil señala que esta caja fuerte no fue hallada durante el registro practicado el 9 de julio de 2013, pues además los imputados no informaron de su existencia, asegurando que la misma «pudiera contener dinero en efectivo, joyas, objetos de valor o documentos que incrementarían la cantidad de dinero o bienes que posee el matrimonio». Tras ello, la Guardia Civil solicitó una nueva entrada y registro en la vivienda, que fue autorizada por la juez y que se practicó el pasado 1 de abril, localizando una caja fuerte con tres pequeños cajones metálicos en su interior, los cuales « se encuentran vacíos , no encontrándose nada en su interior».