¿Qué posibilidades tiene Del Nido de que el Gobierno le conceda el indulto?

Del Nido, obligado a dimitir como presidente sevillista después de que el Tribunal Supremo ratificara su sentencia, dice que «asumo la condena, estoy adaptándome a ella, y pido disculpas por haber cometido ese error imperdonable de haber creido que actuaba bien», y aunque reconoce que «no cabe luchar contra lo que dice el Tribunal Supremo», aún guarda un as en la manga para evitar su ingreso en prisión. Se trata de la petición de indulto que ha presentado al Gobierno central. Del Nido se apoya en su demanda en que en «estos últimos once años han demostrado que puedo estar reinsertado en la sociedad» y asegura que pide el indulto «porque creo que puedo hacer mucho más desde fuera que desde dentro de la prisión».

Es sabido que desde algunos clubes españoles y desde dentro de la LFP se ha apoyado este indulto, al igual que desde algunas plataforma que recoge firmas en apoyo al expresidente sevillista. Pero, ¿aprobará el Gobierno de Rajoy el indulto a Del Nido?

El Gobierno busca «erradicar la corrupción»

Mientras Del Nido tiene previsto presentar en los próximos días una solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo ya ha salido al paso afirmando que durante el pasado año 2013 llegó a rechazar hasta 49 peticiones de indulto por delitos relacionados con corrupción en las instituciones, esto es, en casos similares al que presenta Del Nido. Y es que el Gobierno se muestra firme al no proteger delitos contra la Administración Pública y la Juticia, según ha marcado en una respuesta parlamentaria a una cuestión planteada por Rosa Díez (UPyD) publicada recientemente. El Ejecutivo, que no ofrece el dato del número de indultos concedidos el años pasado, sí garantiza que aquellos casos en que se concedió de forma «puntual» un indulto no afectaban a su objetivo de «erradicar la corrupción».

¿Qué criterios sigue el Gobierno para indultar?

Entre los requisitos que valora el Consejo de Ministros a la hora de aprobar un indulto están el hecho de que la solicitud llegue respaldada con el parecer manifestado tanto por el Tribunal sentenciador (en este caso el Supremo) como por el Ministerio Fiscal. Otro de los factores que hacen posible un indulto es que el penado cuente con informes favorables a la concesión de esa medida de gracia. Ninguno de estos dos factores parece incurrir en el caso de José María del Nido, puesto que el fiscal llegó a pedir prisión provisional para él justo después de darse a conocer su primera condena.

Otro elemento a resaltar es el del tiempo transcurrido desde la comisión del delito. Según el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción al inicio del juicio por el «caso Minutas», los actos por los que se enjuició a Del Nido tuvieron lugar hace más diez años, ya que comenzaron en el año 1999 y fue a partir de la moción de censura de agosto de 2003, que provocó que Marisol Yagüe ocupara la Alcaldía de Marbella en lugar de Julián Muñoz (también condenado en el caso Minutas), cuando se excluyó a Del Nido como asesor municipal. Así las cosas, han pasado más tiempo desde que se cometiera el delito (más de diez años) del tiempo que suma la condena ratificada por el Tribunal Supremo (siete años). Sin embargo hay que atender que la primera condena al expresidente sevillista llegó en diciembre del año 2011 por parte de la Audiencia Provincial de Málaga y los recursos posteriores a la misma mantienen en libertad al jurista sevillano desde hace ya más de dos años. Con tales recursos ha podido reducir en seis meses la condena inicial ya que el Supremo le retiró el delito de fraude.

No cabe tan poco para Del Nido la posibilidad de propiciar la suspensión de la condena a fin de evitar su ingreso en prisión, ya que el mismo ha sido ratificado por el máximo órgano jurídico del Estado, el Tribunal Supremo.

¿Qué requisitos sí cumple Del Nido para ser indultado?

Aunque estos puntos no juegan en favor del expresidente del Sevilla existen otros elementos para la concesión de un indulto que el Gobierno tiene en cuenta y que sí apotyarían la solicitud del exmandatario nervionense. Entre ellos destaca la ausencia de antecedentes penales y policiales por parte del abogado sevillano o la intención de satisfacer íntegramente las responsabilidades civiles impuestas en la sentencia que lo condenaba por delitos de malversación y prevaricación y le requería indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 2,7 millones de euros.