El inversor inmobiliario Pau Antó, muy claro sobre si hay un problema de okupación en España: «En todos estos años, hemos tenido...»

Sobre este tema han hablado recientemente el economista Juan Ramón Rallo y el inversor inmobiliario Pau Antó en una charla en YouTube. En ella, han abordado las consecuencias de la okupación y cómo afecta al mercado inmobiliario.

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Durante la charla, Antó explica que una parte del problema (sobre todo en Cataluña) es la interpretación difusa de la ley por parte de algunos funcionarios. A veces, asegura, los cuerpos de seguridad no actúan con la contundencia necesaria por miedo a cometer errores legales, lo que deja al propietario en una situación muy vulnerable.

Explica que en su empresa, Monest Capital, han tenido que intervenir directamente en algunos intentos de ocupación, acudiendo con abogados y documentación para convencer a los Mossos d'Esquadra de que debían desalojar a los ocupantes.

A pesar de que en algunos casos se ha logrado resolver la situación, el proceso nunca es fácil ni inmediato. Antó lamenta que en España, incluso cuando se tiene la ley de parte de uno, se deba «negociar con la policía» para recuperar una vivienda en propiedad. Una contradicción especialmente sangrante cuando se trata de inmuebles por los que se han pagado impuestos, escrituras y cuotas hipotecarias.

En un momento de la charla, Rallo distingue entre dos tipos de ocupación. Por un lado está la ocupación clásica, en la que alguien entra en una vivienda vacía; y por otro, el fenómeno más preocupante para los inversores, el impago de alquiler por parte de inquilinos.

En su experiencia como gestor de inversiones inmobiliarias, Pau Antó asegura que muy pocas veces han tenido este problema. Subraya que su empresa evita las propiedades de alta rentabilidad que prometen beneficios del 10% o más. «Cuanta más rentabilidad, más riesgo», explica. Por eso, prefieren recomendar a sus clientes viviendas que ofrezcan un retorno estable del 6% al 8%, destinadas al alquiler a largo plazo o por habitaciones.

A lo largo de los años, asegura, su empresa ha participado en más de 200 operaciones y solo han tenido un caso de impago. A pesar del contratiempo, el seguro de impago que tenían contratado se ha hecho cargo del pago mensual, además de iniciar el proceso judicial para el desahucio.