Editorial

El TC se alinea con el Gobierno

Ampararse en tecnicismos no quita gravedad a la cuestión de fondo, y esta no es otra que el persistente afán de control político del poder judicial por parte de Pedro Sánchez

02/10/2023
Actualizado 03/10/2023 a las 02:06h.

El Pleno del Tribunal Constitucional avaló ayer, con los siete votos favorables de la mayoría progresista frente a cuatro de los magistrados conservadores, la reforma de la ley del Poder Judicial con la que el Gobierno maniató en 2021 al órgano de gobierno de los ... jueces, impidiéndole hacer nombramientos clave para la judicatura como represalia por las fallidas negociaciones con el PP para renovar el CGPJ. La decisión del TC tiene consecuencias graves por dos motivos. Primero, por lo que representa de respaldo a la intromisión del poder legislativo y del ejecutivo en el funcionamiento del judicial por estricto interés político; y segundo, por las consecuencias que arrastra, ya que hoy son casi 90 los nombramientos pendientes de renovación en las presidencias de audiencias provinciales, tribunales superiores y el Tribunal Supremo. A estas alturas, con un CGPJ en prórroga desde hace casi cinco años, el bloqueo empieza a ser insostenible. Sin embargo, la mayoría del TC afín al Gobierno –uno de sus magistrados, Juan Carlos Campo, fue ministro de Justicia con Pedro Sánchez, con lo que ello conlleva de contaminación– ha decidido atribuir al Congreso una potestad legislativa sobre el poder judicial de tal calibre que viene a justificar la imposición de un «régimen excepcional» aplicable «transitoriamente». Esta terminología es preocupante cuando de limitar funciones de los distintos poderes del Estado se trata. Por eso los recursos de PP y Vox sostenían con razón que más allá de su papel de legislador, el Congreso se atribuía funciones propias del constituyente, excediendo con mucho su auténtico cometido.

Es cierto que la no renovación en plazo del CGPJ es una anomalía; y que casi duplique su mandato es un escándalo. Pero es un escándalo atribuible en exclusiva a los partidos políticos que, como PSOE y PP, disponen de una mayoría cualificada de 3/5 de las Cortes para renovar instituciones. Con aquella reforma, el Gobierno convirtió al poder judicial en pagano de responsabilidades que ni son suyas ni le corresponden. La consecuencia directa de esta decisión del TC es que el Consejo del Poder Judicial seguirá vetado para hacer nombramientos. Y para justificarlo, en un nuevo ejercicio de aplicación 'creativa' del Derecho, el TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido, recurre a un argumento que no deja de ser más político que jurídico: como los nombramientos que haría un CGPJ de mayoría conservadora serían «discrecionales», no cabe «comprometer» la capacidad futura del Consejo en sus designaciones. Por tanto, y hasta que no exista una mayoría de izquierdas en un nuevo CGPJ, el vigente queda literalmente paralizado.

Ampararse en tecnicismos no quita gravedad a la cuestión de fondo, y esta no es otra que el afán de control político del poder judicial, aun a costa de forzar la ley como nunca se había hecho antes en democracia. Cabe preguntarse por qué, ya puestos a abordar una reforma de la ley como hicieron el PSOE y Podemos, no se acometió obligando a los partidos a alcanzar un consenso forzoso con una fecha límite razonable. Y si así tampoco hubiese acuerdo, la consecuencia directa podría ser el cese automático de todo el CGPJ. En ese caso, necesariamente, y por pura responsabilidad política, tendría que haber un pacto parlamentario inmediato sin necesidad de perjudicar a los jueces por los errores o el tacticismo de los partidos. De momento, el TC ya ha situado al Parlamento en un plano de preponderancia, influencia y mando sobre la esencia misma del poder judicial que abre una alarmante vía en nuestra democracia al equiparar al Congreso con el constituyente en situaciones «excepcionales». La afectación al equilibrio de poderes es notoria.