No son «fondos buitres»

Un país próspero como España tiene el deber de auxiliar a esas familias, como hacen los gobiernos europeos de todos los colores. Dada la obsesión ideológica de nuestro Ejecutivo, las ayudas han sido bautizadas con el pomposo nombre de «Escudo Social». Pero están llegando tarde. La dimensión del envite, agravado por la bisoñez de los gobernantes, ha colapsado la Administración (interlocutar con una oficina del Estado es ingresar en el universo de Kafka, como ha denunciado Pedro Cuartango en un artículo esclarecedor).

Nadie ha ofrecido definición más exacta y breve del marxismo que el propio Marx: «La teoría del comunismo puede resumirse en una frase: abolir la propiedad privada». En España arrastramos la anomalía de tener ministros comunistas, lo que impregna el discurso gubernamental. En lugar de ceñirse a la labor pragmática de tratar de socorrer a los más apurados y a los empresarios, el Gobierno «progresista» ha añadido una cruzada dialéctica y fiscal contra los propietarios, despreciados como «los ricos». Su dialéctica convierte en sospechoso a todo aquel que haya logrado hacerse con un patrimonio (salvo que se trate de la pareja ministerial de los Iglesias). Ese clima de opinión ha acabado calando y por toda España asistimos a una ola de impagos de alquileres y okupaciones de viviendas. La izquierda fogosa lo vende como una campaña justiciera contra unos «fondos buitres» que chupan la sangre a La Gente con sus desalmados negocios inmobiliarios. No es cierto. La mayoría de esos dueños de viviendas perjudicados son particulares que se han deslomado para hacerse con sus bienes. Su derecho a la propiedad privada está recogido en la Constitución (y en el sentido común). Además, como ya advertían Locke y Adam Smith, «en el fondo, un gobierno no tienen otra razón de ser que conservar la propiedad».

Conductor de bus toda su vida. Con mucho esfuerzo, logró comprarse un piso para alquilarlo y complementar su pensión futura. Hoy, jubilado octogenario, sus inquilinos no le pagan desde hace siete meses. ¿Quién lo defiende? ¿Qué hace el Gobierno por él? Nada. Lugo: un matrimonio de 91 y 84 años se va a pasar el confinamiento con sus hijos. Su casa vacía es okupada al instante. La familia se presenta allí para exigir a los allanadores que se marchen, pero en recochineo supremo llaman a la Policía para quejarse de que los propietarios los están «molestando». Historias así se repiten por todo el país. Y no son fondos suizos -que también tienen sus derechos-, son currantes que han trabajado y ahorrado hasta la extenuación para tener algo.

Justicieros de Galapagar: ¿Qué pasa? ¿Es que La Gente son solo aquellos no han dado palo al agua?