El coraje civil de Alaya

Fuentes judiciales apuntan a que el juez Álvaro Martín asumirá el criterio fijado por el magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que acusó a Chaves y Griñán de un delito de prevaricación administrativa por permitir que durante una década se concedieran ayudas a empresas mediante un sistema ilegal ideado para favorecer a los «amigos». El delito de malversación de fondos públicos del que la juez Alaya también vio indicios no será aplicado en el caso de los dos ex presidentes pero sí en el de algunos de los ex altos cargos investigados. La prevaricación administrativa no conlleva penas de cárcel. Si se mantienen los cargos los dos ex presidentes serán inhabilitados para ejercer empleos o cargos públicos por un periodo de entre siete y diez años. Como ambos están jubilados los efectos de la supuesta prevaricación serán nulos, más allá de los perjuicios que la condena causaría a su reputación.

Este punto final de la instrucción de la rama política del Caso ERE, que a muchos les sabrá a poco, ha sido posible, entre otras cosas, gracias al coraje, el trabajo y la constancia de la juez Alaya, quien, contra viento y marea, apuntó desde el principio a los máximos responsables de la Junta como colaboradores necesarios del sistema ilegal de ayudas. A Mercedes Alaya la han presionado, ninguneado y finalmente apartado del caso por atreverse a acusar a la nomenclatura del socialismo andaluz. Pero ahora que tanto el Supremo como el juez Álvaro Martín están a punto de darle buena parte de la razón convendrán conmigo que su coraje civil es digno de todo elogio, sobre todo en una tierra como la nuestra en la que tan pocos se atreven a enfrentarse a los poderes fácticos.

@aybarrapacheco