Sol y sombra
La acera de los malos
Cada decisión de Marlaska en Andalucía desfavorece los intereses policiales. Como dicen en Argentina, «patea en contra»
El ametrallamiento de cuatro agentes de la Policía Nacional el pasado fin de semana en Isla Mayor pude considerarse cualquier cosa menos un suceso aislado. Al contrario, responde a una dinámica: el tránsito acelerado de toda Andalucía hacia una colonia del crimen organizado y un ... estado fallido. Hace un decenio, el problema se localizada en el Campo de Gibraltar, zona doblemente fronteriza, pero el pulpo ('La piovra', según una mítica teleserie italiana) ha alargado sus tentáculos hasta conquistar la Costa del Sol y ahora remonta con total impunidad el Guadalquivir, autopista por do circula la cocaína americana de Delcy Rodríguez –la que acaricia a Zapatero mientras le susurra «mi príncipe»– y el hachís alauita de quienes clonaron el teléfono de Pedro Sánchez. Con semejante panorama, ¿alguien cree que es casualidad que este enseñoramiento de los narcotraficantes coincida con la disolución del grupo OCON-Sur? El ministro del Interior, diputado cunero que fue por Cádiz, silba y mira al techo.
Una misión del Parlamento Europeo ha conminado a Fernando Grande-Marlaska a restaurar esta unidad de élite de la Guardia Civil en un demoledor informe que, además, lo amonesta por obstruir la investigación que debiera esclarecer el doble asesinato de febrero de 2024 en Barbate –una narcolancha aplastó a una patrullera entre el regocijo de los mirones–, cuya única consecuencia hasta ahora ha sido el ascenso de quienes mandaron a los agentes al matadero. Aún habrá que agradecerle no haber orinado sobre las tumbas de las víctimas a una autoridad que parece haberse mudado a la acera de los malos o de la que diríase, al modo argentino, que «patea en contra». Por incompetencia o por cosas peores, lo cierto es que aquella tragedia ha estado a punto de reproducirse –todavía se debate uno de los heridos entre la vida y la muerte– por idéntico motivo: el Ministerio del Interior no dota a las Fuerzas de Seguridad del material necesario para enfrentarse a sicarios que manejan AK-47 con cartuchos de 39 milímetros aptos para atravesar a un rinoceronte.
«Los narcos operan con armas de guerra mientras nuestros compañeros salen a la calle con chalecos caducados, sin cascos balísticos y sin vehículos blindados», han denunciado los sindicatos policiales. Esta infradotación, que cuesta vidas, sería culposa si obedeciese a criterios financieros, con la largueza con la que se dilapida aquí el dinero público, pero resultaría abiertamente criminal si fuese el fruto de una reflexión política, táctica, ideológica o las tres cosas a la vez. Mientras, como ocurre hoy en Michoacán o pasaba en la Antioquia de los años ochenta, las mafias ocupan los espacios que abandona el Estado de Derecho y se granjean el favor de unas bolsas de población –y de la Administración, en sus estratos más bajos– cada vez más numerosas, a las que nadie podrá reprochar que se decanten por la plata (al contado y a cambio de tareas menores) en detrimento del heroísmo que supone ponerle el pecho al plomo. Todos estos trazos forman parte del mismo cuadro.
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