COMENTARIOS REALES
Cuando nos insultan, agreden o asesinan «lo normal»
Hemos normalizado todas las agresiones que no caen dentro del ámbito de la «violencia de género», porque no es posible rentabilizarlas políticamente
Aunque desde 2015 el código penal amplió la protección a los médicos durante el ejercicio de sus funciones en el ámbito público, en 2024 se han batido todos los registros de ataques y agresiones a los médicos. Así, las 847 embestidas físicas denunciadas ante la ... Organización Médica Colegial de España suponen un atentado violento cada 10 horas. Sin embargo, esas 847 arremetidas, tan sólo suponen el 43,5% de las agresiones que realmente se cometen, porque la mayoría de ataques no se denuncia. Y que conste que el 50% de esos atentados se producen en las consultas de atención primaria. Si a esto sumamos que 6 de cada 10 víctimas son mujeres, el cuadro no puede ser más desolador.
Por otro lado, hace apenas unos días una educadora social de Badajoz fue asesinada en una vivienda tutelada, por tres menores que ya habían sido señalados como peligrosos por cuantos los conocían. Hemos conocido el caso porque una educadora social ha sido asesinada, pero ¿cuántas personas serán agredidas o atacadas en los centros donde los delincuentes menores de edad viven bajo un régimen que les concede la más absoluta impunidad? Si trabajar en centros dedicados a la reinserción de menores es una profesión de riesgo, ¿por qué no se les protege con todos los recursos humanos y tecnológicos al alcance?
Por último, el sindicato independiente de profesores ANPE, ha compartido otras estadísticas escalofriantes: 157 docentes fueron agredidos físicamente durante el curso 23/24, 4 de cada 10 profesores ha sido víctima de falsas denuncias, 7 de cada 10 docentes admite malvivir con síntomas de ansiedad, 2 de cada 10 profesores no se sienten capaces de controlar a sus estudiantes y un 80% de docentes reconoce haber recibido insultos, acosos e intimidación. Sin embargo, lo más sobrecogedor de estas cifras es el aumento de las agresiones perpetradas por los padres o tutores de los alumnos, presuntos «modelos» de conducta para sus propios hijos.
Podría aumentar el inventario de ataques y atentados si me ocupara de otras especialidades, pero pienso que es suficiente con los casos de médicos, profesores y educadores sociales. Si las leyes prohíben el uso de cámaras dentro de aulas, consultas y viviendas tuteladas, ¿no debería contemplarse la presencia de vigilantes u otros profesionales de la seguridad para proteger a médicos, profesores y educadores sociales? Me choca cómo cualquier gestión telefónica supone escuchar que nuestras conversaciones pueden ser grabadas, pero tales recursos no están nunca disponibles para disuadir o detener a los energúmenos que atacan a unos profesionales a quienes nuestros dirigentes desamparan.
En 1997, una mujer reconoció en Canal Sur cómo su marido le pegaba «lo normal». Aquella señora, que ya había presentado 40 denuncias contra su maltratador, murió asesinada por aquel canalla que le prendió fuego después de rociarla con gasolina. Hemos normalizado todas las agresiones que no caen dentro del ámbito de la «violencia de género», porque no es posible rentabilizarlas políticamente.
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