Sacrificar la lengua común

La sesión parlamentaria de ayer no giró en torno a la riqueza lingüística de España, ni tan siguiera tuvo por objeto el pluralismo idiomático que nos enriquece como nación. El debate de ayer responde exclusivamente a los términos de una negociación impuesta por el nacionalismo separatista y que, para desgracia de todos los españoles, el Partido Socialista está dispuesto a aceptar. Hablamos del mismo partido que hace apenas un año, el 21 de junio de 2022, votó en contra del uso de las lenguas cooficiales. El partido de Gómez de Celis, quien presidía la Cámara en ese momento, y que llamó al orden a varios diputados por expresarse en lenguas distintas del castellano en aquella sesión parlamentaria. El mismo partido, al fin, de Meritxell Batet, quien en mayo del mismo año había retirado a Albert Botran la palabra por hablar en catalán.

Que el español es y seguirá siendo la lengua común en la Cámara lo prueba un hecho incontrovertible: los pinganillos que ahora servirán para escenificar ficticiamente una diferencia entre españoles tendrán el castellano como idioma común. De este modo, esta gran dramaturgia de babel acabará devolviendo a todos los diputados a ese lugar común que es la lengua española. Recordemos, además, que cada uno de los diputados son representantes no de sus territorios, sino de toda la ciudadanía en su conjunto. Pero ahora, para poder contentar a los nacionalistas, muchos españoles se verán privados de poder escuchar a sus representantes sin mediadores gracias a esta iniciativa legal. La sesión de ayer constituyó, además, un dislate procesal. De hecho, antes de que se haya aprobado la norma que permitirá el uso del euskera, el gallego o el catalán, hemos visto a diputados expresarse en estas lenguas, lo que inclumple la redacción actual del reglamento y demuestra, a su vez, el nulo aprecio por la institucionalidad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Suyo es el mérito de que en apenas dos sesiones, el Congreso se ha sometido a una erosión formal sin apenas precedentes.

Que la lengua española es un objeto de obsesión por el nacionalismo separatista es un hecho que se demuestra a partir del persistente incumplimiento de sucesivas sentencias de los tribunales que exigen, por ejemplo, garantizar un 25 por ciento de enseñanza en castellano en Cataluña. Cabe recordar que la promoción de las lenguas cooficiales en el Congreso no la defienden quienes creen en las comunidades políticas plurales y libres, sino quienes insisten en afianzar experiencias identitarias que en muchas ocasiones resultan excluyentes incluso para la mayoría de los ciudadanos. Romantizar las lenguas, establecer vínculos telúricos entre las palabras y los territorios y sucumbir ante quienes buscan de manera explícita desarticular los elementos comunes de nuestra nación es una temeridad intolerable con la que el PSOE, lamentablemente, está dispuesto a cooperar.