Cuando lo singular se torna privilegio

Esto es una contradicción en los términos que expresa la imposibilidad de justificar la pérdida de ingresos en la caja del Estado que supone el acuerdo y la consecuencia ineludible de que saldrán perjudicadas las comunidades con menor renta.

Lo demuestran con argumentos y con números Francisco de la Torre y Jesús Fernández-Villaverde en 'La factura del cupo catalán', un riguroso trabajo en el que afirman que el objetivo del acuerdo entre el PSC y ERC es que «Cataluña esté mejor financiada que el resto de las comunidades». Concluyen que ese aumento de la financiación lo pagarán los contribuyentes de todo el Estado sea a través del incremento de los impuestos sea mediante una disminución de las transferencias de Hacienda.

Esto resulta evidente. Si uno de los comensales se lleva una porción mayor de la tarta, a los otros les corresponderá un trozo más pequeño. Es de puro sentido común. Si Cataluña recauda todos sus impuestos, dispondrá de más recursos que Andalucía, Extremadura o Asturias, cuyo nivel de renta es inferior, y el Estado tendrá menos dinero que repartir. ERC lo expresó con absoluta claridad al defender el principio de ordinalidad: quien más paga, es el que tiene derecho a recibir más. Algo que contradice los más elementales principios de la socialdemocracia.

Montero ha dicho que la cuota solidaria que pagará Cataluña a las comunidades con menor renta asegura la cohesión territorial. Un razonamiento infantil. La pregunta es quién y cómo se va a fijar esa cuota. Si nada cambia en este sentido, ¿para qué se necesita un nuevo acuerdo?

Los recursos del Estado son un juego de suma cero. Si se da a unos, se les quita a otros. Si se invierte más en sanidad y educación, se gasta menos en defensa y carreteras. Gobernar es establecer prioridades. Lo que sostiene el PSOE es absurdo: que todos van a salir ganando. Como si el Presupuesto del Estado fuera una caja mágica.

Que el acuerdo haya sido pactado de forma bilateral pone de relieve el trato de favor al nacionalismo catalán, que se está aprovechando de la debilidad parlamentaria de Sánchez. Desde la reforma del Código Penal y la amnistía al traspaso de las competencias en inmigración, es la enésima concesión para seguir en el poder.

Este acuerdo tiene una gravedad mucho mayor porque dinamita las bases del Estado: la solidaridad y la cohesión territorial. Es una arbitrariedad y una injusticia. Como no se puede engañar a todos todo el tiempo, Montero pagará la factura cuando concurra como candidata en Andalucía.