¿Ha engañado Sánchez a los independentistas?

Puigdemont exigía la aprobación de la norma antes de dar el voto de Junts a la investidura. No lo logró. Ahora el Gobierno acaba de introducir una disposición en un decreto ley en la que se indica que, si algún juez presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, la norma queda suspendida hasta que decida esta instancia. El plazo de resolución está en torno dos años.

No hay ninguna duda de que el Supremo o algún juez de instrucción va a recurrir a la cuestión prejudicial al considerar que la ley de amnistía vulnera la legislación europea. Esto no afecta a las causas ya cerradas pero sí a procedimientos abiertos como la inhabilitación de Junqueras y los dirigentes del 'procés' o la instrucción de García-Castellón sobre delitos de terrorismo. Y también podría afectar a Puigdemont en lo que respecta a la malversación si el Supremo entendiera que la ley contraviene principios consagrados de la UE en esta materia.

Los jueces deberán esperar hasta que la norma aparezca en el BOE tras su tramitación parlamentaria, que puede alargarse hasta junio. Si esto es así y la ley fuera convalidada, nos iríamos hasta mediados de 2026, fecha en la que Luxemburgo resolvería.

Existe también la posibilidad de que los tribunales planteen una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo que no excluye la cuestión prejudicial. Parece que el Supremo rechaza ahora esta vía y se inclina por acudir a Europa para alivio de Conde-Pumpido, que evitaría así pronunciarse.

La tercera opción es el recurso de inconstitucionalidad por parte del PP, que no tendría ningún efecto a corto y medio plazo porque el Constitucional podría tardar diez años en dictar un fallo, como ha sucedido en otras causas. Este recurso no tiene efectos suspensivos.

Por lo tanto, existe un margen de duda razonable sobre los efectos que podría tener esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, lo cual depende mucho de cuáles sean las objeciones que plantee el Supremo. Si la Sala Segunda manifiesta sus dudas sobre la malversación, Puigdemont tendría problemas para volver.

Estamos hablando de hipótesis porque todavía no hay nada concreto. Pero lo que es cierto es que el Supremo tiene la posibilidad de mantener la inhabilitación de Junqueras y, probablemente, frenar la vuelta de Puigdemont si, por ejemplo, considerara que el perdón de la malversación contraviene la legislación europea en materia de lucha contra la corrupción. Todo está abierto.