El Ministerio de la corrupción

El ministro Puente, que aterrizó en el cargo hace once meses, no es el único responsable; el problema viene de bastante antes, en especial desde que la entrada de operadores privados saturó las infraestructuras y el fin de la pandemia disparó exponencialmente la demanda de viajes. Pero ni ha logrado aminorar el desastre ni su actitud desafiante, cuando no provocadora, contribuye a calmar ánimos ni a encontrar soluciones a un deterioro cada vez más frecuente y más grave. A menudo da la sensación de que sus prioridades consisten en confrontar con la oposición y armar ruido en las redes sociales, como si se sintiera obligado a parecerse todo el rato al personaje bronco y pendenciero que construyó en la sesión de investidura de Sánchez. Reprobado por las dos Cámaras parlamentarias y rechazado incluso por los socios gubernamentales, el contumaz fracaso de su gestión le obliga a apartarse.

Más allá, sin embargo, de la incapacidad del actual equipo, no parece en absoluto casual que el origen del conflicto esté en el Ministerio –y en la época– donde se residencian los principales escándalos de corrupción que asedian al Ejecutivo. La descomposición ferroviaria coincide en el tiempo con los espurios tejemanejes de Ábalos, Koldo y su trama de comisionistas amigos, lo que como mínimo permite sospechar una clara desatención a la efectividad del servicio, precipitado desde entonces por una pendiente de fallos, incompetencia y desprestigio. El coste de la venalidad no es sólo económico y político; tiene consecuencias directas sobre la funcionalidad del aparato administrativo. Y si en general la pulcritud gestora no es una característica del sanchismo, hay motivos para pensar en un vínculo entre aquel fehaciente descuido de los intereses generales y el inicio de este crítico descalabro operativo.