Última gran oportunidad

La situación política en España es lo suficientemente delicada como para que los dos partidos más votados asuman un liderazgo institucional que sirva para dar cumplimiento a dos recomendaciones que atañen a nuestra calidad democrática. La renovación del CGPJ es urgente, por más que el clima de desconfianza generado por el PSOE con precedentes negociadores como el del Tribunal Constitucional hayan sido un obstáculo para llevar a buen puerto el acuerdo. Además, España es el único país de la UE salvo Polonia que no ha armonizado el sistema de elección del órgano de gobierno del Poder Judicial para que al menos una parte sustantiva de los vocales sean elegidos por los propios jueces con un mecanismo protegido de las injerencias del legislativo o el ejecutivo.

Durante demasiado tiempo, nuestro CGPJ ha dependido del poder político bajo un sistema en el que rotativamente tanto el PP como el PSOE se han mostrado conformes. Sin embargo, la recomendación europea es absolutamente rotunda a este respecto y nuestro país puede y debe dejar de ser una excepción en lo que atañe a la independencia del Consejo. La renovación del órgano exige un entendimiento entre los dos partidos mayoritarios, un pacto que debería hacerse efectivo a partir de un acuerdo de buena fe en el que tanto los populares como los socialistas se muestren dispuestos a llegar a consensos razonables y, sobre todo, a elegir a personas técnica y curricularmente incuestionables capaces de defender su autonomía.

Es muy probable que, al menos en un corto plazo, esta sea la última gran oportunidad en la que nuestro país pueda dar cumplimiento a las exigencias expresadas por la Unión Europea. Las disputas partidistas y las querellas ideológicas jamás deberían ser un obstáculo para el normal funcionamiento de nuestras instituciones. Por este motivo, la reunión con el comisario Reynders abre una posibilidad que no deberíamos desaprovechar y que debe servir para reactivar y fortalecer la arquitectura institucional de nuestra nación. El Partido Popular tiene una ocasión excelente para exhibir su compromiso democrático y para taponar las críticas que justificadamente le afeaban la demora en el acuerdo de la renovación. De igual modo, el Partido Socialista está obligado a asumir las dos encomiendas de Europa, y no sólo una, para lo que se hace imprescindible promover un mecanismo de selección en el que el gobierno de los jueces se haga coherente con las formas de elección que rigen en el resto de países de la Unión. No es un día sencillo para el PSOE en Europa y tras la sesión parlamentaria del martes Pedro Sánchez no tiene demasiado crédito exterior que malgastar. La exigencia debe ir en ambas direcciones y tanto el PP como el Partido Socialista deben dar ejemplo si efectivamente quieren imprimir verosimilitud a su debido compromiso con las garantías democráticas.