Tres gobiernos y los tres mal

Los servicios jurídicos de las empresas que han ganado estos laudos se han reunido con el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño y han encontrado receptividad a sus planteamientos. Los embargos sobre el patrimonio (la sede y las cuentas bancarias) de organismos emblemáticos como el Instituto Cervantes de Londres o de las sedes y oficinas comerciales de Navantia en Australia, han inquietado a la vicepresidenta primera. Incluso, una de las empresas afectadas ha pedido que la deuda que reclama se detraiga de la indemnización de 925 millones que el Estado debería cobrar por el desastre del Prestige. El asunto, además, se va complicando ya que uno de los inversores afectados ha intervenido cuatro emisiones realizadas por el Tesoro Público por valor de 910 millones de euros provocando un 'default' técnico de la deuda soberana. Pero España, según los afectados, se niega a pagar debido a la oposición de la Abogacía del Estado, que sigue confiando en que obtendrá respaldo europeo para sus recursos hasta ahora fallidos, y de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que considera que la estrategia que usaron gobiernos como el de Cristina Kirchner en Argentina con Repsol, puede rendirle frutos a España.

Este episodio implica a tres gobiernos españoles distintos y todos ellos han terminado perjudicando el interés nacional con sus distintas apuestas. Los laudos se originaron en el recorte que se aplicó en 2013 a la altísima rentabilidad prometida a los inversores en energías renovables por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha ganancia original, como se reveló en su momento, superaba en algunos casos una tasa del 20 por ciento anual. Era un momento de expansión económica y los socialistas apostaron por la promoción de las energías renovables sin mirar en gastos. El objetivo era loable, pero los parámetros financieros fueron pésimamente calculados. Antes de que se iniciara la crisis financiera ya estaba claro que se habían cometido excesos y cuando Rajoy llegó al poder pidió a su ministro de Energía, José Manuel Soria, que arreglara el desaguisado. Éste, bajo el consejo de la Oficina Económica de Presidencia, resolvió recortar las rentabilidades al 7,5 por ciento, que ya era alta en un entorno de tipos bajos. Pero en vez de negociar con los fondos de inversión internacionales y los bancos una compensación amistosa, decidieron modificar unilateralmente las reglas del juego porque consideraron que un Estado soberano podía actuar sin miramientos. El resultado fue una serie de denuncias ante las cortes de arbitraje que se sabía que España iba a perder con toda seguridad. La guinda a este pastel la ha puesto el actual gobierno que se ha negado a pagar pese a que se arriesgaba a arrastrar el prestigio del país por los suelos. Todo indica que habrá que esperar a un cuarto gobierno para que resuelva el desaguisado.