La ley de punto final del PSOE

Como recordaba el socialista Javier Lambán días atrás, el PSOE se opuso a la amnistía hasta el 23 de julio de 2023. Fue el resultado electoral el que llevó a Sánchez a dejar de sostener que era inconstitucional. Porque la amnistía no figura en un texto constitucional que, sin embargo, sí prohíbe los indultos generales. Como han sostenido juristas de prestigio, quien no puede lo menos no puede lo más. Y a diferencia del Derecho privado, donde lo que no está permitido es lo que está expresamente prohibido por la norma, en el Derecho público sólo está autorizado aquello que está previsto en la ley.

Pero, al margen de su constitucionalidad, estamos ante una norma injusta que suspende la igualdad de los ciudadanos ante la ley. A diferencia de los indultos, la amnistía no es un perdón, sino un olvido colectivo de los actos perpetrados por sus beneficiarios. Resulta paradójico que los mismos que promueven y defienden leyes de memoria histórica o democrática apuesten tan esforzadamente por esta desmemoria legal. Este sinsentido abona la sensación de que, al no tratarse de un perdón extendido en favor de quienes no lo han pedido, la amnistía sí se parece mucho a una petición de perdón del Estado hacia quienes aprobaron leyes de desconexión y transgredieron las normas para proclamar, aunque fuera por unos segundos, su quimérica república independiente.

El Gobierno ha intentado ocultar su interés propio en que la amnistía es necesaria para restaurar la convivencia en Cataluña. Nunca se podrá saber si la razón por la que el 'procés' ha decaído tiene que ver con su propio carácter circense, porque el Estado hizo de adulto presente en la sala o por la interesada política de apaciguamiento de Sánchez, pero si de verdad la amnistía era tan necesaria, el PSOE la habría incluido en su programa electoral. De hecho, esta es una de las razones por las que ni siquiera Ferraz se ha atrevido a preguntárselo a las claras a sus militantes.

Esta amnistía quedará como un baldón en nuestro ordenamiento jurídico y puede tener consecuencias indeseadas. Tres de los argumentos recogidos por la Convención de Venecia son especialmente pertinentes: no se puede legislar de mano del beneficiado, ni hacer una ley 'ad personam', ni proceder con una mayoría simple a dictar una norma que merecía un grado de consenso mayor. El PSOE ha buscado una genuina ley de punto final para Puigdemont y el próximo jueves la tendrá en virtud de una mayoría que, disgregada en defensa de los intereses de cada facción, sólo existe para aprobar esta norma y que es fruto de una transacción de la que ni Pedro Sánchez se puede enorgullecer.