Editorial
Una hemeroteca contra Sánchez
Expertos juristas de los gobiernos socialistas como Juan Carlos Campo o Carmen Calvo, además del propio presidente, han defendido la inconstitucionalidad de la amnistía
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Iniciar sesiónQue Pedro Sánchez mantiene una relación intermitente con la verdad es un hecho poco discutible. Han sido demasiadas las ocasiones en las que hemos visto al presidente del Gobierno decir una cosa y su contraria y, frente a que pudiera creerse, sus cambios de opinión ... nunca respondieron a opciones ideológicas, sino que fueron consecuencia de una pura estrategia utilitarista. En el caso de aceptar la inasumible amnistía que Puigdemont impone como moneda de cambio, el presidente tendrá que hipotecar algo más que su ya devaluada palabra.
Que la amnistía no cabe en la Constitución Española es algo que avalan los más reputados juristas por un hecho tan sencillo como que quien no puede lo menos (los indultos generales están explícitamente vetados en el art.62 de la CE) jamás podrá lo más. Además, el derecho comparado nos permite constatar, como bien señaló Felipe González, que la amnistía es un recurso propio de contextos de justicia transicional en los que se impugna el ordenamiento jurídico en el que se cometieron y juzgaron los hechos que se promueve olvidar. Estos principios elementales del derecho responden a un opinión jurídica difícilmente apelable a la que habría que sumar, además, la falta de idoneidad política de la medida. Así debería inferirse a partir del consenso unánime que existió en las filas socialistas hasta que súbitamente se necesitaron los votos de Puigdemont para investir a Sánchez presidente.
Recordemos que el pasado 5 de julio, Pilar Llop, quien todavía hoy es ministra de Justicia en funciones, señaló que el expresidente de la Generalitat debía presentarse «ante la acción de la justicia». Más claro todavía fue Juan Carlos Campo, hoy Magistrado en el Tribunal Constitucional, quien siendo entonces ministro de Justicia advirtió en el año 2021 de que la amnistía no cabe en la Constitución. El parecer de Campo coincide, además, con la opinión de Carmen Calvo quien, precisamente, es profesora titular de derecho Constitucional. La que fuera ser vicepresidenta con Sánchez afirmó en el 2021 que «la amnistía no es planteable en un Estado constitucional y democrático». A estas opiniones fundadas y sostenidas por personas con un bagaje jurídico nada desdeñable, podrían sumarse manifestaciones semejantes sostenidas hace muy poco tiempo por otros socialistas como Félix Bolaños, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o Salvador Illa.
Dado el crédito de la palabra del presidente del Gobierno es muy posible que a nadie sorprenda que fuera el propio Sánchez quien en 2022 se comprometiera a no aceptar la amnistía, pues, según señaló, una figura jurídica semejante no tendría cabida en la legislación ni en la Constitución. Con respecto a la la inconveniencia de la amnistía se han pronunciado también Alfonso Guerra, Nicolás Redondo Terreros, Jordi Sevilla, Ramón Jáuregui o Rosa Conde, entre otros socialistas históricos. Aprobar una ley de amnistía a cambio de los votos de los de Puigdemont no sólo comprometería la arquitectura de nuestro Estado de derecho sino que supondría una quiebra de la palabra pública de no pocos socialistas. Al presidente le hemos visto mentir en numerosos escenarios, pero en esta ocasión sería la palabra y la credibilidad de un partido de más de ciento cuarenta años de historia lo que estaría saltando por los aires a la vista no sólo de un país sino también de Europa.
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