EDITORIAL

Desvirtuación del parlamento

La resistencia del Gobierno a comparecer en las Cortes refleja el desprecio a la función del legislativo y de la oposición que marcan la salud de una democracia

El Gobierno evita dar la cara en más de mil comparecencias solicitadas por el PP

Sánchez, el presidente que más gobierna a golpe de decreto-ley: ya son 137

09/04/2023
Actualizado 10/04/2023 a las 01:28h.

La información que publica ABC este lunes sobre el número de comparecencias solicitadas a miembros del Gobierno y altos funcionarios del Estado en el Congreso, y no atendidas por estos, revela un modo de entender la política que no solo desvirtúa la labor constitucional que ... tiene encomendada el Congreso como sede de la soberanía popular, sino que supone un cierto grado de desprecio a la actividad parlamentaria. No es ninguna novedad que este Gobierno y sus aliados conciben el Parlamento como una mera extensión del Ejecutivo más que como un poder independiente del Estado, y prácticamente toda su actividad está supeditada a los intereses coyunturales y oportunistas de Pedro Sánchez. Los datos son reveladores. A lo largo de esta legislatura, el PP ha presentado 1.970 peticiones de comparecencias para fiscalizar la acción del Gobierno, y de momento, cuando quedan ya pocos meses para la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, mantiene sin resolver, es decir, sin atender, 1.045, lo que representa más de la mitad. De ellas, 654 han sido despreciadas directamente por el Gobierno, y 391 no han sido cumplimentadas por autoridades y funcionarios. Si a ese dato se añade que se ha reclamado directamente a Pedro Sánchez su comparecencia en 34 ocasiones, y que solo ha accedido a tres, se comprende mejor esa estrategia gubernamental de utilizar al Parlamento como un foro de discusión y debate político ocasional y de conveniencia.

Tampoco han salido mejor paradas las solicitudes de creación de comisiones de investigación que afectan al Gobierno ya que de trece peticiones todas han sido rechazadas por la mayoría parlamentaria que sostiene a Sánchez. Especialmente llamativa fue la reiterada negativa del Gobierno a dar cuenta de la crisis migratoria ocurrida en junio de 2022 en Melilla, en la que se produjeron como mínimo una veintena de muertes junto a la valla fronteriza con Marruecos. Sólo después de muchas peticiones, y de una presión pública evidente de sus propios socios dado el escándalo, Moncloa forzó a dar explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y no a Pedro Sánchez. Lo mismo ha ocurrido en innumerables ocasiones con el fin de la política de dispersión de los presos de ETA y con el acercamiento constante de terroristas a cárceles del País Vasco para, en muchos casos, recibir beneficios penitenciarios derivados de la atribución al Gobierno del PNV de las competencias en materia de prisiones. El mejor ejemplo de la idea que tiene este Ejecutivo de la acción parlamentaria se produjo durante la aplicación de los sucesivos decretos del estado de alarma aprobados durante la pandemia, cuando no solo la vida del Paramento se redujo a mínimos –algo que le valió a Sánchez un serio reproche del Tribunal Constitucional–, sino que en la práctica quedó en suspenso durante semanas.

En una democracia, el Parlamento de cualquier país y sus órganos rectores no pueden ser considerados un simple complemento del Gobierno de turno. Y menos aún un ornamento para cubrir apariencias de legalidad y legitimidad. Es cierto que el Congreso se atiene a las mayorías salidas de las urnas, pero también lo es que tiene encomendada una labor legislativa, supervisora y controladora de la acción del Gobierno que no se puede eludir rechazando comparecencias sin siquiera dar explicaciones de su negativa. Cuando eso ocurre, un Parlamento queda desvirtuado parcial o totalmente, y una democracia se empobrece por la percepción continua de que, acosado el poder judicial y sometido el legislativo, el único poder del Estado con capacidad real de maniobra es el Ejecutivo.