editorial
El 'sí es sí', otra chapuza legal
Irene Montero dijo el 2 de noviembre que «no se conocerá una sola reducción de penas» por abusos sexuales. Pues bien, ya conoce las tres primeras porque su ley quita años de cárcel
Estaba avisado por multitud de juristas que la llamada 'ley del sí es sí' promovida por el Ministerio de Igualdad para penalizar más los abusos y agresiones sexuales iba a provocar, en algunos supuestos, exactamente lo contrario. Y así ha empezado a ocurrir. Ya se ... conocen diferentes fallos judiciales en ese sentido. En uno de ellos, la Audiencia Provincial de Madrid ha revisado a la baja la condena de un abusador sexual a cuatro menores, dejando en un año de prisión lo que originariamente era una condena de seis años y seis meses. Otro condenado también ha visto rebajada su pena de seis años a cuatro. Es el resultado del artefacto legal ideado por el Ministerio de Irene Montero con su característica incapacidad para legislar con un mínimo sentido de la técnica jurídica, con una ideologización sistemática de cualquier ordenamiento, y sin ningún criterio respecto a la lógica penal.
Si se querían agravar los abusos equiparando algunas conductas a la de una agresión sexual, Igualdad solo ha conseguido abrir la puerta a la reducción de condenas para individuos que no lo merecen. Si la voluntad del Ministerio no era la de despenalizar algunos abusos, no se entiende que no haya optado por mantener la incriminación de las conductas incardinándolas en otro tipo penal que diferencie a unas de otras. Asimismo, esta es la consecuencia de poner en marcha con demasiada urgencia una legislación insuficiente e irreflexiva, con criterios propagandísticos, e ignorando sin que sepamos por qué recomendaciones esenciales del CGPJ, la Fiscalía o el Consejo de Estado. Cuando todo eso se convierte en irrelevante para Igualdad porque prima el sesgo político sobre la calibración de cada delito, ocurre que se ofrece un salvavidas a auténticos delincuentes para suavizar sus conductas.
No ocurrirá en todos los casos, y además los Tribunales deben empezar a establecer criterios comunes para que su aplicación no termine convirtiéndose en un escándalo. Pero la culpa es de una ley deficiente y no, como de manera incomprensible dijo ayer el Ministerio de Igualdad, de una 'justicia machista'. Cada vez que hay resoluciones judiciales que no satisfacen al Gobierno, en lugar de hacer autocrítica sobre su chapucera legislación, se arremete contra los Tribunales y se inicia otra operación para desacreditar a los jueces. El Ministerio de Igualdad sostiene que la justicia aplica la ley 'de manera reaccionaria', y que todo se debe a 'un problema de interpretación voluntarista judicial en contra de los avances del feminismo'. Son afirmaciones graves porque el Ministerio estaba advertido del resquicio que la literalidad de su norma abría a rebajas sustantivas de condenas. Irene Montero dio respuesta a las críticas que se cernían sobre su ley el pasado 2 de noviembre: «No se conocerá una sola reducción de penas». Pues bien, ya conoce las tres primeras.
Su fracaso es el fracaso de todos. No es gratificante que condenados por abusos o agresión sexual se liberen de años de cárcel así como así. Lo que no pueden hacer los jueces es aplicar la norma de manera arbitraria solo por un condicionamiento social o porque ese sea el deseo de una ministra. Si el legislador se equivoca, que rectifique y deje de acosar a los Tribunales con sus complejos ideológicos. Un Gobierno no puede 'cocinar' la justicia como le venga en gana solo por tener una mayoría parlamentaria. Hay razones de coherencia, proporcionalidad y sustento jurídico que deben respetarse, y esto sirve para los abusos sexuales, la malversación de caudales públicos, la sedición o cualquier otro delito. Legislar sin lógica y por intereses exclusivamente políticos tiene estas contradicciones insalvables.
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