EDITORIAL

ERC y la amnistía encubierta

El Gobierno vuelve a abrirse a 'cocinar' la instrumentalización de la Justicia para satisfacer al independentismo desactivando el delito de sedición o impidiendo encarcelamientos

27/09/2022
Actualizado 28/09/2022 a las 08:40h.

Esquerra Republicana de Cataluña volvió a resucitar ayer su exigencia de despenalizar el delito de sedición, o al menos rebajarlo hasta el punto de que asegure la impunidad a una treintena de cargos intermedios del partido sometidos a procesos judiciales para que, llegado el caso, ... no entren en prisión. Se trata de una propuesta que siempre estuvo vigente en el ánimo del Gobierno para poder recuperar la 'mesa de diálogo' con la Generalitat y asumir la 'desjudicialización' de la política que exige el separatismo catalán como chantaje a cambio de su apoyo a La Moncloa para garantizar la legislatura al PSOE. Sin embargo, el Ejecutivo nunca acometió esa reforma. Solo emerge ahora, cuando la Justicia vuelve a apretar a lo que en Cataluña denominan el 'sotto-gobierno' catalán, segundos niveles de dirigentes imputados que ERC quiere proteger a toda costa. Hasta ahora es en lo poco que no ha cedido Pedro Sánchez ante el separatismo. El Gobierno creyó que bastarían los indultos ya concedidos a los líderes separatistas del 'procés', pero lo cierto es que ERC pasa ahora otra factura al cobro, y que de nuevo el Gobierno se abre a negociar, según dejó entrever ayer la ministra portavoz.

La despenalización fáctica de la sedición apunta a ser un elemento esencial de la negociación del Gobierno con ERC para aprobar los presupuestos generales y concluir la legislatura con los mismos socios con los que la inició. La advertencia de Gabriel Rufián volvió a ser tajante ayer, aunque siempre es difícil saber cuándo ERC va de farol y cuándo amenaza en serio con amargar el resto de legislatura a Pedro Sánchez. Sin embargo, ceder ahora plantea una seria disyuntiva para Sánchez: si no cede, sabrá que no podrá aprobar los presupuestos y se verá obligado a prorrogar los actuales; y si lo hace, no solo incurrirá en una amnistía encubierta, sino que se arriesga a perder más votantes en comunidades que castigan la debilidad y la cesión con los separatistas. No obstante, los hechos son objetivos. Fió la legislatura al apoyo del nacionalismo vasco, y de Bildu, a cambio de acercar presos de ETA a cárceles vascas y promover su libertad; y también lo fió al respaldo del separatismo catalán para dar 'solución política' al desafío de la Generalitat. Y hasta el momento ha cumplido con ambos, con un severo coste electoral en diferentes autonomías, por cierto. Cosa distinta es que ahora, en el último año de legislatura, el PSOE tenga miedo a un golpe electoral mayor del que pronostican los sondeos si sigue claudicando.

De cualquier modo, Sánchez no tiene por qué despenalizar la sedición para complacer a sus socios. Hay maneras más sibilinas de hacerlo, como por ejemplo empujando a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a 'afinar' sus acusaciones concretas, o desnaturalizando la propia sedición hasta dejarla en la práctica sin condenas a cárcel. O incluso, por la vía de los indultos. Se trata de 'cocinar' la inmunidad instrumentalizando a la Justicia. Sin embargo no parece que ERC vaya a consentir más aplazamientos. Le urge buscar soluciones porque el Gobierno de la Generalitat está sometido a una profunda crisis interna derivada de su pugna con Junts, y por eso le conviene reactivar su amenaza al Gobierno. Sánchez debería entender que todas las coacciones inaceptables, incluso las de sus socios, tienen un límite infranqueable, y que tomar atajos en democracia acarrea consecuencias negativas en las urnas.