La transparencia no es una broma

El Consejo de la Transparencia no da abasto con las peticiones de ciudadanos para saber cómo se manejan las administraciones y empresas públicas, sobre todo con el presupuesto; necesitaría el triple de personal -actualmente lo componen 22 empleados públicos- para poder atender todas las peticiones que le llegan; y sobre todo le falta tener una capacidad ejecutiva real, no solo teórica, para poder sancionar a aquel Ministerio que se oponga a revelar datos que deberían ser públicos. Sobre el papel, la Administración debe acatar las resoluciones del Consejo de Transparencia, pero a la hora de la verdad, este organismo no tiene regulados mecanismos punitivos. Por eso, cualquier organismo que quiera esconder datos, contratos públicos o adjudicaciones, lo tiene fácil para resistirse y negar la información. La Ley de Transparencia está coja y la Administración no es castigada con multas. A lo sumo, sufre un coste reputacional cuando se niega a ser transparente y la prensa lo publica, pero eso al Gobierno de turno le da francamente igual.