EDITORIAL ABC

El sumidero de Acuamed

Hay que perseguir la corrupción, venga de donde venga. Más aún en un caso como el de Acuamed, en el que más de cuatrocientos millones de euros están bajo sospecha

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Una vez más, ABC es el único medio de información nacional que denuncia las irregularidades cometidas en la trama de Acuamed a manos de antiguos directivos de la confianza de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Parecen dar igual las pesquisas judiciales y los avances de la Fiscalía Anticorrupción, porque se trata de un caso de presunta corrupción con vínculos con la «trama Lezo» del PP, y que afecta a personalidades próximas al PSOE, que queda prácticamente ocultado a la opinión pública. El doble rasero de la izquierda en la denuncia de la corrupción es evidente. Se ha extendido en España un sospechoso manto de justificación de las corruptelas políticas en virtud del cual, cuando los desfalcos del dinero público son cometidos por políticos de la derecha, España es un vertedero, y cuando los comete la izquierda quedan maquillados ante la opinión pública o justificados por esa pretendida superioridad moral de la izquierda. La trama de Acuamed, convertida en un paraíso de las mordidas y las comisiones al amparo de la adjudicación de plantas desaladoras a manos del PSOE en anteriores etapas de Gobierno, fue un semillero de corrupción.

Hoy ABC revela cómo era el modus operandi en los manejos de una empresa pública que dilapidó 217 millones de euros procedentes de fondos europeos, y que generó sobrecostes por valor de otros 215 millones en la adjudicación de seis desaladoras aprobadas durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con este caso ocurre algo muy similar a lo que sucede con el de los ERE en Andalucía. Se trata de procesos judiciales incoados por las pruebas de una corrupción masiva que en medios de la izquierda se ocultan sistemáticamente a la opinión pública, cuando por el contrario se exacerba cualquier dato penal alusivo al PP.

La corrupción es una lacra de nuestra democracia que hay que perseguir, la cometa quien la cometa. Más aún en un caso como el de Acuamed en el que más de 400 millones de euros pésimamente gestionados están bajo sospecha. El enriquecimiento ilícito no puede ser una opción en nuestra democracia, y si se detecta, el castigo penal ha de ser implacable. Nadie del PSOE ha ofrecido una sola explicación en los más de dos años que lleva judicializado este asunto en la Audiencia Nacional. Y mucho menos aún, Cristina Narbona, cuyo hombre de confianza en esa empresa pública está imputado. Acuamed no es una invención del PP. Es una investigación judicial al nivel de Gürtel, Lezo, los ERE o cualquier otro caso de corrupción en el que el dinero público se utilizó para fines espurios. El PSOE puede intentar por todos los medios desvincularse de esta trama. Pero sin el concurso del Ministerio de Medio Ambiente en la etapa en que Narbona fue su titular, habría sido imposible desviar un solo euro.