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Editorial ABC

Sánchez se apropia de la Fiscalía

Bien sea por un exceso de soberbia electoralista, bien sea por desconocimiento jurídico, lo cierto es que el candidato socialista se jactó de controlar la Fiscalía

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cometió ayer un error de bulto durante una entrevista radiofónica, lo que demuestra que su campaña electoral está descontrolada, que los sondeos internos de que dispone no son todo lo favorables que desearía y que no tiene reparo en ... recurrir a cualquier estratagema con tal de arañar votos. Para atribuirse como un mérito ante las urnas que su Gobierno está instando ahora la detención de Carles Puigdemont en Bruselas para su entrega a las autoridades españolas, la última ocurrencia de Sánchez fue insinuar que si la Fiscalía lo ha impulsado es por orden de La Moncloa. Institucionalmente, el comentario de Sánchez rayó en lo obsceno, pero además es revelador de cómo concibe el ejercicio del poder. Podría ser que Sánchez ignore que, según la ley, el fiscal general no está a las órdenes arbitrarias y caprichosas del Gobierno de turno, aunque sea este quien lo proponga y designe para ese cargo. Lo cual es grave. Pero podría ser también, y eso sería mucho más grave, que Sánchez pretenda arrogarse el papel de jefe político de la fiscal general del Estado y se haya delatado él solo, dejando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en papel mojado. Que un fiscal general sea elegido por el Gobierno no implica que no esté al servicio de la ley, que no tenga autonomía de criterio y que su independencia respecto al poder político esté salvaguardada por la propia legalidad. Pero eso a Sánchez le importa poco si de lo que se trata es de exhibir su control absoluto sobre todos los estamentos del Estado. El desprestigio al que somete con este tipo de afirmaciones a la cúpula de la carrera fiscal es notorio, y así se lo reprocharon ayer los representantes asociativos del Ministerio Público. El Gobierno socialista ya ha sometido a un desgaste innecesario y humillante a la Abogacía del Estado en varias ocasiones -una de ellas precisamente a costa del proceso independentista de Cataluña-, y ahora lo hace con la Fiscalía.

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