Por una España más segura

El caso es que, hablando de seguridad, mientras Rusia iba destacando tropas en la frontera con Ucrania, el pasado 28 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó una nueva versión de la Estrategia de Seguridad Nacional, cuarta desde 2011, cuyos contenidos básicos convendría conocer. La elaboración de la ESN-2021 se ha beneficiado de dos circunstancias. En 2018 el Gobierno nombró director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) al general Miguel Ángel Ballesteros, un militar competente y tenaz que ha sabido rodearse de un buen equipo. Asimismo, tras la aprobación de la anterior estrategia (verano de 2017), España ha afrontado varios sucesos y situaciones críticas: atentados terroristas en Barcelona y Cambrils; campaña de desinformación sobre el referéndum ilegal celebrado en Cataluña, orquestada desde el exterior para desprestigiar a las instituciones españolas, la pandemia; y el envío de miles de personas a Ceuta por parte de Marruecos el pasado mes de mayo. La experiencia de esas crisis ha enriquecido la última estrategia.

La ESN-2021 vincula la seguridad nacional con tres objetivos: (1) proteger vidas, derechos y libertades y el orden constitucional; (2) promover la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos y (3) fomentar la seguridad y la paz internacional. El texto advierte de que en los próximos años nuestra seguridad se verá profundamente influida por un entorno internacional dinámico y volátil marcado por múltiples tendencias de cambio de alcance mundial: tensiones geopolíticas, problemas económicos y sociales, cambios e innovaciones tecnológicas (transformación digital) y problemas medioambientales. La pandemia del Covid-19 habría acelerado esas tendencias. Se recuerda, además, que la capacidad de España para promover la seguridad de sus ciudadanos está predefinida por sus vínculos europeos, mediterráneos, atlánticos e iberoamericanos y sus relaciones con los países vecinos. Muchas de las actuaciones en pos de la seguridad nacional deberán seguir desarrollándose en colaboración con nuestros socios de la Unión Europea, la OTAN y la ONU y tendrán lugar fuera del territorio nacional, sobre todo en aquellos países cuyos estados y problemas internos sean susceptibles de proyectar inseguridad en dirección a España y Europa: Magreb, Sahel, Mediterráneo Oriental, fronteras orientales de la UE. Se identifican 16 causas distintas de inseguridad que pueden potenciarse entre sí. La lista mezcla amenazas sumamente específicas (terrorismo, criminalidad organizada, espionaje, etc.) con factores de riesgo de impacto mucho más difuso: situaciones de inestabilidad económica o financiera, cambio climático, vulnerabilidades del espacio marítimo o el ciberespacio, etc. Por razones obvias, dos ‘riesgos y amenazas’ que se suman a los reconocidos en la estrategia de 2017 son las campañas de desinformación y la creciente competencia y rivalidad geopolítica, destacándose además el problema de las ‘estrategias híbridas’: planes empleados por algunos estados para perjudicar, desestabilizar o coaccionar a gobiernos y poblaciones de países rivales mediante una combinación de acciones de distinta índole (económicas, diplomáticas, comunicativas, militares, etc.), como vienen haciendo China, Rusia e incluso Marruecos.

La nueva estrategia propone tres vías para mejorar nuestro sistema de seguridad: prepararse para responder con rapidez y eficacia a las crisis de seguridad internas e internacionales, ampliar los medios tecnológicos disponibles para prevenir y combatir riesgos y amenazas, potenciando la I+D+I en sectores estratégicos, la industria de la seguridad y la defensa y la inteligencia artificial, y aumentar las capacidades para actuar contra las estrategias híbridas. El modelo de ‘gestión de crisis’ esbozado en el documento podría haber recibido otro nombre, pues no perfila únicamente un marco para atajar las crisis una vez que suceden, enfatizando además la necesidad de crear un sistema de Alerta Temprana para prevenirlas. Otras propuestas más específicas son adquirir las capacidades industriales que garanticen el acceso a bienes y servicios estratégicos y de primera necesidad, establecer un sistema de vigilancia epidemiológica y de salud pública e implicar a las comunidades autónomas en la gestión de la seguridad nacional, necesidades todas ellas evidenciadas por la pandemia, y elaborar un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla, lección extraída de la última crisis fronteriza.

En un país donde el cortoplacismo y la improvisación suelen primar sobre la previsión y la planificación, la aprobación de una estrategia de seguridad nacional constituye una buena noticia. Su música suena bien. Sin embargo, la actual situación económica y la renuencia institucional y ciudadana a invertir en seguridad y defensa hacen temer que muchas de las líneas de acción propuestas (tal vez demasiadas) no puedan implementarse en un plazo razonable. La adaptación del sistema de seguridad español a los desafíos de nuestro tiempo acusa un notable retraso, en parte porque las políticas públicas de coste cero son una receta infalible para el fracaso. Alguna vez tendremos que reconocerlo.

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Luis de la Corte Ibáñez es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid