Justa acusación, sonrojo para Sánchez

La Fiscalía ha actuado con coherencia jurídica, porque su consistente escrito de acusación no hace otra cosa que reflejar el resultado de la investigación dirigida por el juez Llarena, la cual, a su vez, ha confirmado los aspectos esenciales de la querella de la Fiscalía General. Esa coherencia es lo que marca la diferencia entre la actuación de la Fiscalía y la de la Abogacía del Estado cuya blanda acusación es la manifestación escandalosa del uso partidista que está dando el Gobierno a una institución respetable y esencial en el control de legalidad de la actuación administrativa. Diferencias que alcanzan incluso a las firmas de los escritos acusatorios: el de la Fiscalía tiene las de los cuatro fiscales de la Sala Segunda, seguros y convencidos de lo que afirman e imputan a los golpistas; el de la Abogacía tiene la de su máxima responsable, y no la de los abogados del Estado que habían intervenido hasta ahora, a los que nada hay que reprochar.

En cuanto al contenido de la acusación de la Fiscalía, es un repaso minucioso de los hechos que han jalonado la historia del golpe separatista contra el Estado, que comenzó el 9 de noviembre de 2014 y aún no ha finalizado. Los fiscales narran con detalle la estrategia montada por el nacionalismo en el Parlament, el Gobierno autonómico y las calles de Cataluña. En estos escenarios, los responsables del «procés» dieron por buena la violencia que pudiera desatarse, y que se desató, como un acelerante de la posterior declaración de independencia. Hubo violencia, claro, para derogar la Constitución y romper la unidad nacional. La Historia muestra que así empezaron muchas guerras civiles, por lo que es insultante que se califique como «política» la conducta destructiva de los acusados por rebelión. Jugaron con la paz de España y pusieron en peligro el ingente esfuerzo que costó implantar la democracia después de dos siglos de enfrentamientos civiles. Sí, merecen ser acusados por rebelión.