Ignacio Camacho

Jueces del pueblo

Iglesias anticipó su moción a Jueces para la Democracia. Una idea de la separación de poderes que mueve a alarma

30/04/2017 a las 14:49h.

En el montaje de la moción de censura contra Rajoy hay un detalle que no debe pasar inadvertido. Antes de anunciar su decisión con la habitual liturgia coreográfica, Pablo Iglesias la comunicó –que no la consultó– a varios dirigentes de la oposición, al secretario general ... de CC.OO. y… a un directivo de Jueces para la Democracia. La llamada a Fernández Toxo puede entenderse en el marco de un vago consenso social aunque su sindicato no tenga arte ni parte en la tarea parlamentaria. Pero compartir la estrategia política con un colectivo de la judicatura, por cierto el menos representativo, demuestra un concepto de la separación de poderes que mueve a alarma.

Justamente en estos días los adversarios del Gabinete tratan de acorralarlo por supuestas presiones a la Fiscalía, creando un relato, veraz o no, sobre un Ejecutivo que pone sus sucias manos sobre la Administración de justicia para embridar las investigaciones de la operación Lezo. La oposición reclama con toda razón que se respete la independencia de los tribunales en la persecución de la venalidad pública, como corresponde en un Estado de Derecho. Y he aquí que el líder de Podemos intenta con la mayor naturalidad involucrar a una asociación judicial –que por elemental pudor profesional ha rehusado, faltaría más– en sus planes de derribar al Gobierno. ¿Cómo debe entenderse esta búsqueda de complicidades en ese contexto?

Sucede además que pocas fechas antes, en una entrevista periodística, el instructor del sumario sobre el Canal de Isabel II proclamaba, entre otras consideraciones ideológicas, su convicción de que los ropones deben someterse al paradigma moral de la opinión pública e interpretar las leyes conforme a ese criterio. Las declaraciones de Eloy Velasco, antiguo alto cargo de la Generalitat con Eduardo Zaplana, provocaron estupor en la magistratura y terror en la política por la desenvuelta llaneza con que se autodefinía como «juez del pueblo». El espíritu militante de Garzón cabalgando de nuevo por la Audiencia, envuelto ahora en el populismo togado de un combativo ardor justiciero.

Quizá a estos jueces del pueblo sea a los que invoca Iglesias para su santa alianza contra la «trama», según la genuina tradición bolivariana. El mismo Iglesias que un año atrás, cuando se postulaba para la vicepresidencia, exigía funcionarios leales a su causa. Hemos visto en Venezuela un reciente golpe de Estado contra el poder legislativo ejecutado desde la Corte Suprema: los tribunales populares tan gratos a la extrema izquierda. De momento se ha generalizado la pena mediática, las filtraciones impunes de pesquisas declaradas secretas y el ansia linchadora de multitudes azuzadas como las tricoteuses de la Revolución francesa. Pero el Estado democrático se empieza a resquebrajar cuando se enaltece el compromiso ideológico de los jueces y queda abolida de facto la presunción de inocencia.