Faltan comillas

Muchas de las reacciones que todo esto ha suscitado también han sido penosas y lamentables, por sectarismo y por ignorancia.

Como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Una tesis doctoral supone la culminación en la formación de un investigador. En la Universidad que yo he vivido, antes de Bolonia, másteres y otras zarandajas, la licenciatura incluía cinco años y la redacción de una Memoria de Licenciatura (coloquialmente, tesina) de unas cien páginas. Sólo algunos licenciados, que pensaban dedicarse a la docencia universitaria, emprendían, después, el duro camino del doctorado: dos años de cursar algunas asignaturas y la preparación de una tesis.

La tesis doctoral es un amplio trabajo de investigación (en Humanidades, digamos, unas 500 páginas), sobre un tema no estudiado. Hacerla implica conocer toda la bibliografía que pueda tener conexión con ese tema, investigar en las fuentes y aportar alguna novedad científica. Habitualmente, esa tarea ocupa no menos de cuatro o seis años; más tiempo, si el doctorando -como es frecuente, en personas de cierta edad- no se dedica a tiempo completo a esa labor, sino que la simultanea con alguna otra.

Cuando está concluida la tesis, el director, que ha ido siguiendo todo su proceso, la revisa por completo, aportando todas las correcciones que le parezcan oportunas. Si da el visto bueno final, el director propone el Tribunal que debe juzgarla. Como es lógico, tiene en cuenta alguna sugerencia del doctorando pero ni se le ocurre elegir a amigos notorios suyos, ni a nadie que haya colaborado con él. Sabe de sobra que debe proponer a especialistas de reconocido prestigio en esa materia y que procedan de varias universidades, para garantizar la imparcialidad.

No estoy hablando de ningún ideal utópico sino de la práctica universitaria habitual. Por supuesto, no faltan casos de amiguismo pero dentro de un límite razonable. De no hacerlo así, la propuesta de Tribunal puede ser rechazada por el Departamento o, luego, por el Rectorado y el descrédito cae sobre el director.

Desde el comienzo del trabajo, el director indica las normas básicas: conocer toda la bibliografía; las citas tienen que ir entrecomilladas y con la referencia correspondiente; el doctorando no debe incluir nada que ya haya publicado.

Nos lleva esto a otro mundo, mucho menos conocido de lo que debiera, el de la propiedad intelectual. Por supuesto, es una conquista moderna. Los autores de nuestro Siglo de Oro dependían, para vivir, de un mecenas: ¿quién se acordaría hoy del duque de Béjar si Cervantes no le hubiera dedicado el «Quijote»? Por otro lado, un tal «Memorilla» o «Gran Memoria» acudía a los corrales para aprenderse de memoria alguna comedia y dársela a otro actor.

La propiedad intelectual incluye, por el período de tiempo que la ley marque, dos tipos de derechos: económicos y morales. Nadie puede publicar una obra mía sin pagarme lo que hayamos acordado en el contrato. Y, aunque me pague la cantidad correspondiente, nadie puede publicarla o representarla sin que yo dé la indispensable autorización.

Con fines científicos, didácticos e informativos, existe, naturalmente, el derecho de cita, regulado por ley a una determinada extensión. En todos los casos, absolutamente en todos, es inexcusable aclarar que se está citando a alguien, mencionándolo de modo expreso e incluyendo las frases citadas entre comillas.

¿Son tan necesarias las comillas iniciales y finales del texto citado? ¡Por supuesto! Son la más elemental garantía de que estoy citando honradamente y no «fusilando» o plagiando.

Todo esto que he intentado resumir es absolutamente obvio, lo conocen de sobra todos los escritores e investigadores. Pero, además de conocerlo, deben cumplirlo.

Las anomalías en torno a la tesis de Pedro Sánchez, publicadas por el ABC y otros medios, son tan llamativas como algunas de las reacciones defensivas que han surgido.

No es de recibo que juzguen una tesis doctoral amigos o colaboradores del doctorando, que han publicado algo en colaboración con él.

Un tribunal de tesis doctoral debe estar formado por especialistas de prestigio y experiencia investigadora, no por profesores que se han doctorado hace muy poco.

Un doctorando no debe incluir, en su tesis, nada que ya haya publicado previamente.

Si la tesis llega a publicarse, íntegramente o en parte, no tiene sentido que, en esa publicación, aparezcan dos autores.

Da risa leer que no existe plagio, aunque se reproduzca un texto ajeno, si éste no devenga derechos económicos.

Es un verdadero disparate vincular la existencia o no de plagio al número de palabras copiadas. La señora Lastra se asombra de que trescientas o quinientas palabras, copiadas sin comillas, supongan un plagio. El muy agudo Luis Ventoso ha aclarado que, según eso, cualquiera puede apropiarse de uno o varios sonetos de Quevedo, pues sólo tienen unas cien palabras.

No se puede copiar ningún texto ajeno, absolutamente ninguno, sin indicarlo claramente, entre comillas, y con la necesaria referencia al autor. Da igual, a estos efectos, que sea un texto antiguo o moderno, largo o corto, de calidad o ramplón, artístico o administrativo, de un libro, una revista o una publicación oficial. ¿Es tan difícil entenderlo?

Demostrar que, en las citas de un texto, faltan comillas supone el más absoluto descrédito de su autor. Después de eso, ¿cómo confiar en él?

Cosa distinta es el nivel científico de una tesis. Aunque todo esté citado correctamente, si el número de citas excede de lo razonable, la calidad del trabajo se desploma. En ese caso, el director de tesis y los miembros del tribunal que la juzgaron, si hubieran sido expertos e imparciales, la deberían haber rechazado.

El plagio es un delito: sólo los tribunales de Justicia pueden dictaminar si Pedro Sánchez, en su tesis, lo ha cometido o no. Los lectores de ABC han tenido ya elementos de sobra para comprobar copias y datos objetivos absolutamente escandalosos. Eso es malo para Pedro Sánchez, para el PSOE, para el prestigio de nuestros políticos y el de nuestras Universidades. Resulta inevitable preguntarse: ¿en esas manos estamos?