Los enemigos del Ministro

Un ejemplo es la Ley de Educación presentada por la ministra Celaá. No voy a entretenerme en sus muchas propuestas que, en mi opinión, y en más de un caso, suponen un paso atrás para el sistema educativo. Pero sí en el cambio que se realiza en el acceso a la Universidad. La Lomce se modificó con un amplio consenso en 2015 para permitir un sistema de acceso muy similar a la existente PAU. Así, se reducía la incertidumbre con el cambio y se ganaba tiempo para llegar a un acuerdo que, desde el primer minuto, el PSOE hizo imposible. En cambio, sí mantenía el diseño aplaudido por las universidades que facilitaba el acceso de estudiantes extranjeros.

Tenemos universidades de calidad, cada día más sobresalientes, que representan lo mejor de España y que atraen lo más selecto del capital humano de países terceros. El Ministerio de Ciencia, al proponer sus líneas prioritarias hace unos pocos meses, señaló la internacionalización de nuestro sistema como uno de sus objetivos. Había que aprovechar el Brexit y competir con Alemania y Francia por esos jóvenes cerebros, facilitando su llegada. Además, esta es una forma fácil de mejorar tanto la financiación de nuestra educación como la de las ciudades que las acogen. Me temo que ese objetivo es, ahora mismo, imposible. La Ley Celaá, sin ninguna explicación, elimina de un plumazo este sistema y vuelve a un modelo arcaico que favorece menos la movilidad que el que existía hace ocho siglos en la Universidad de Salamanca, cuando la fundó Alfonso IX.

Un caso si cabe más grave es la aprobación el día de los Santos Inocentes, y a propuesta de la ministra de Trabajo, del real decreto ley (y ya no sé cuántos van) sobre medidas urgentes en el empleo. Reconozco que la economía laboral no es mi especialidad y que sólo la experiencia del profesor Rafael Barberá me ayudó a encontrar la disposición adicional quinta, que entendí muy claramente: los estudiantes que realicen prácticas formativas (universitarias o de FP, incluyendo la Dual, etcétera) deberán estar inscritos en la Seguridad Social. La medida en sí puede ser positiva para los más de medio millón de estudiantes que realizan las mismas.

Sin embargo, hay unos flecos que yo creo que el ministro Duque debería haber señalado a su compañera de gabinete. En primer lugar, quién va a pagar los cerca de 75 millones de euros que Trabajo quiere recaudar por esta medida. Si son las universidades, difícil lo veo, porque sus arcas están exhaustas tras la crisis. Si son las empresas o las instituciones, sería una carga más, imposible de soportar en la vorágine recaudatoria en la que ha caído el Gobierno Sánchez.

Incluso si las cuotas estuviesen totalmente bonificadas, lo que sería lo lógico, sería una falacia pensar que no se reducirá la oferta. Para muchas pymes, la tramitación administrativa es un coste importante que no pueden incrementar. Por no hablar de las administraciones educativas y sanitarias de las comunidades autónomas, que se verían invadidas por cientos de miles de expedientes adicionales correspondientes a estudios como los de Magisterio o Enfermería.

Sí que parece, por el contrario, que la ministra Valerio ha visto cómo engrosar los datos de afiliados a la Seguridad Social. Todos los organismos de previsión, nacionales e internacionales, están pronosticando oscuros nubarrones sobre las perspectivas para el crecimiento y el empleo en España. A lo anterior se une la derogación de la reforma laboral que realizó el Gobierno Rajoy. El Ministerio sabe que, al desaparecer las medidas que sirvieron para oxigenar la contratación durante la crisis, necesitará maquillar las cifras de alguna forma, para no hacer tan patente su incompetencia en materia de la política más social de todas, la de reducir el desempleo.

En este marco, el resultado sería que muchas universidades se enfrentarían a la disyuntiva de reducir las prácticas de sus títulos, con lo que ello comporta de modificación de planes de estudios. Esto llevaría al colapso de las agencias de acreditación. La otra alternativa sería alargar los periodos en los que los jóvenes egresan, dificultando su acceso al mercado laboral y, sobre todo, rompiendo sus sueños. Y esto sin entrar a discutir cómo perjudicará a la Formación Profesional, que por primera vez desde la Logse se entreveía gracias a las prácticas como una opción de formación para los jóvenes. En cualquier caso, estaríamos ante otro caos administrativo.

Estos sí son asuntos de fondo. Creo sinceramente que Pedro Duque tiene capacidad para resolver estos problemas. Ha demostrado que profesionalmente tiene habilidad sobrada. Desgraciadamente, frente a él se encuentra con enemigos muy experimentados. Pero no están en el Congreso, sino en la reunión de los viernes en La Moncloa.

Jorge Sainz es Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y del Institute of Policy Research de la universidad de Bath