Al servicio y en defensa de España

Primero la ministra de Defensa, Margarita Robles, y luego el Rey, pusieron palabra a los sentimientos generalizados de gratitud y admiración que tienen los ciudadanos por sus Fuerzas Armadas y sus Fuerzas de Seguridad. Que el Gobierno y la Corona converjan en el apoyo a estas instituciones elabora un mensaje de respaldo necesario y oportuno para refrendar lo que tanto la ministra como el Rey afirmaron en sus respectivos mensajes. En efecto, hace falta rendir homenaje a militares, guardias civiles y policías, pero con hechos concretos que corresponde realizar al Gobierno. Robles habló de compromisos internacionales, de implicación con la OTAN, cuya próxima cumbre será en Madrid, y de modernizar los ejércitos. Anuncios que deben convertirse en una política de Defensa coherente, algo difícil porque el Gobierno no es solo Robles sino una coalición del PSOE con partidos de extrema izquierda que cuestionan y socavan todo lo que la ministra defendió ante el Rey y la cúpula militar.

La cercanía de Felipe VI con los militares se expresó desde el inicio de su intervención al referirse a ellos como «queridos compañeros», forma cordal de recordar a quien no lo sepa o no lo comparte, que el Rey es, por mandato constitucional, capitán general de los Ejércitos. Esta fórmula de nuestra máxima norma jurídica no altera los principios de la Monarquía constitucional, ni evade del ámbito del poder ejecutivo la dirección efectiva de la política de defensa. Pero al atribuir al titular de la Corona la máxima jefatura militar se refuerza la neutralidad política de las Fuerzas Armadas y su identificación plena con los valores constitucionales encarnados por el Rey. Y es lo que permite al Rey, como mando supremo, dirigir a sus compañeros mensajes sin lectura ideológica, como el recuerdo a los que fueron asesinados por ETA, aunque hubiera quien, en el Palacio Real, se sintiera concernido por el sufrimiento que hoy vuelven a experimentar las víctimas de ETA al ver la impunidad de los homenajes (hoy nuevo oprobio consentido en 200 localidades del País Vasco y Navarra) a los asesinos y su rehabilitación política, sin pedir perdón ni colaborar con la Justicia.