Los indultos no son la solución

Solo Pablo Casado, líder del PP, acudió al Círculo de Economía con un mensaje contundente y desacomplejado contra los indultos. Es imposible creer en el argumentario infantil de Sánchez basado en la magnanimidad, la cohesión, la convivencia, la concordia, y en su sospechosa «agenda del reencuentro», para maquillar su autoritarismo de falsa bonhomía. Casado fue concluyente y su discurso, brillante. Dijo que es un error confiar en el independentismo porque ha demostrado demasiadas veces que en su ADN está la ruptura. También señaló que los indultos no van a ayudar a restañar heridas emocionales en Cataluña, ni van a servir para que las empresas huidas regresen, o para reducir el paro y el fracaso escolar. Pero sobre todo, hizo hincapié en que Cataluña no tiene un problema con la democracia, sino con el incumplimiento obsceno de la ley. Y si eso es además tolerado por el Gobierno de la nación, entonces cualquier elogio que se haga de la decisión de Sánchez de perdonar a los golpistas, necesariamente equivale a un desprecio a la Justicia, a las leyes que a todos nos vinculan, y a la igualdad entre españoles. Sánchez está aceptando el secuestro de la voluntad soberana mayoritaria mientras los condenados presumen de querer reincidir, o mientras Junqueras condiciona la gobernabilidad de España desde la cárcel, o mientras los CDR siguen investigados por conductas cuasi-terroristas. Casado mantuvo un discurso ejemplar en lo que el PP interpretó como una encerrona del empresariado connivente con el separatismo. Por eso tiene más valor que Casado hablase alto y claro ante un colectivo que demasiado a menudo, y con demasiado cinismo, se ha puesto de perfil en los momentos cruciales de ataques a nuestro sistema. Ya no es tiempo de equilibrios imposibles ni de tibieza y humillación, sino de defensa de la solidez del Estado.

Por eso no resulta comprensible que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostrase ayer partidario de los indultos para que «las cosas se normalicen». Su comentario causó irritación en sectores de la patronal porque alimentan la sospecha de que Sánchez ha convertido los indultos en una suerte de mercado persa para la compra de voluntades, en un momento en que España va a empezar a recibir fondos europeos. Después Garamendi rectificó, no una, dos veces, para reparar el error cometido. ¿Qué puede «normalizarse» si la normalización pasa por sacrificar la razón jurídica del Estado y sustituir el fallo del Tribunal Supremo por la exigencia sediciosa de unos golpistas? Más suena a rendición por interés político que a conmiseración por justicia humana. El mismo argumento es aplicable a la Iglesia en Cataluña. Ayer monseñor Omella se mostró «a favor del diálogo» y aceptó los indultos por «misericordia y perdón». A favor del diálogo siempre es fácil estar. Todo el mundo lo está. O dice estarlo. Pero la misericordia y el perdón, legítimos desde luego, procede aplicarlos cuando su beneficiario no se regodee en su delito, cuando muestre arrepentimiento y resarcimiento por el daño causado, y cuando se comprometa a no delinquir más. Nada de esto ocurre con unos separatistas que no se hacen merecedores de tanta generosidad y gratitud piadosa. Al revés, Sánchez está vendiendo el Estado al mejor postor, en este caso unos trileros de la política que han hecho del odio a España su herramienta para debilitarla. Y lo que es peor, que han encontrado en Sánchez al presidente cómplice que lo jalea y consiente.