Editorial

Contra ETA, hasta el final

ABC
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EL 6 de enero de 1979, Hortensia González Ruiz y su novio, el guardia civil Antonio Ramírez Gallardo, fueron asesinados a tiros en Beasain (Guipúzcoa) por unos terroristas de ETA cuya identidad es aún desconocida. De no haber sido por el empeño de Aurora, la hermana de la asesinada, y el apoyo institucional de Fundación Villacisneros a través del «proyecto Dignidad», el doble asesinato de Hortensia y Antonio habría quedado en el olvido de la prescripción, pero gracias a su denuncia el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional ha reabierto la investigación. El fiscal apoya la iniciativa de la familia de Hortensia González con una argumentación jurídica tan compleja como admisible: si los autores del asesinato de Hortensia y Antonio siguen integrados en ETA, podrían ser acusados no solo por la pertenencia a la organización terrorista, sino también por el doble crimen. Ahora, el caso depende de que los Servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a los que el juez ha pedido que investiguen el caso, puedan concretar la identidad de los posibles autores. No hay que engañarse con las posibilidades de esta nueva investigación. Si ya es un logro que se haya reabierto, más lo sería que pudiera identificarse a los terroristas responsables del atentado. Lo importante, en este momento, es que la Justicia ha respondido a la determinación de las víctimas y está dispuesta a agotar hasta la última opción legal para evitar la impunidad de este crimen abominable. La historia de ETA es esta, la que se ha escrito a golpe de asesinato, secuestro, extorsión y terror; y el juicio que merece recibir no es el de los apologistas de los «procesos de paz», sino el de los jueces en los procesos penales.

Las víctimas de ETA y del terror yihadista son la memoria viva del sufrimiento de España por el terrorismo, y muchos de sus responsables siguen ahí fuera, esperando cómodamente la prescripción de sus delitos o el aplauso de bienvenida de la sociedad cómplice, con el apoyo del discurso inmoral de los que piden al Gobierno «que se mueva» para facilitar la pacificación, es decir, que acerque y excarcele a presos y que mire para otro lado. Será difícil sentar en el banquillo de los acusados a los asesinos de Hortensia González Ruiz y Antonio Ramírez Gallardo, pero al menos se habrá hecho todo lo que la ley permite para lograr ese objetivo, que dignifica a toda la sociedad española y pone el contrapunto a tanto relativismo moral sobre ETA.