Chaves y griñán, aún más señalados

Haya condenas o no, los ERE fueron un desmán abusivo cometido con el reparto caprichoso y espurio de dinero público a amigos y familiares

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El juicio contra una veintena de antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía por el fraude masivo de los ERE ha entrado en su fase final, sin que prácticamente nada haya cambiado respecto a hace casi un año, cuando se inició la vista oral. La Fiscalía Anticorrupción se reafirmó ayer en su petición de condenas a los dos expresidentes andaluces que se sientan en el banquillo de los acusados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Para el primero, el Ministerio Público insistió en solicitar diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y para Griñán mantuvo su petición de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación. También para otros cuatro altos responsables de la Junta, la Fiscalía reiteró su petición de hasta seis años de prisión por el desvío de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2011. Sin duda, es el escándalo de corrupción más grave de la democracia y, según la Fiscalía, ninguna prueba testifical, documental o pericial contrastadas durante meses de juicio ha podido desvirtuar las acusaciones que pesan sobre Chaves y Griñán. De hecho, fueron los máximos responsables de un sistema ideado para nutrir con dinero público expedientes de regulación de empleo de un modo arbitrario, fraudulento y carente del más mínimo control.

La esperanza del PSOE era que la Fiscalía hubiese rectificado su acusación definitiva y, al no ocurrir así, el diagnóstico es demoledor para el socialismo. Nadie ha acusado a Chaves o Griñán de un enriquecimiento ilícito, que es lo único que la izquierda, con su doble rasero moral a la hora de medir los delitos, considera relevante si el afectado es uno de los suyos. De hecho, no es cierta la premisa de que si alguien no se ha lucrado con dinero público, no ha delinquido. La acusación se basa en delitos muy graves que, por acción consciente o por omisión deliberada, causaron estragos en las cuentas públicas. Hoy Andalucía se enfrenta a nuevas elecciones, y lo hace bajo una evidencia: nunca, en 38 años, esta autonomía ha sido gobernada por un partido diferente al PSOE. Y ello le ha permitido perpetuar una red de corrupción convertida en un barrizal de nepotismo, favoritismo y enchufismo a todos los niveles. Sin embargo, en esta España de sistemáticas absoluciones morales y mediáticas reservadas solo para dirigentes de la izquierda, es paradójico que la corrupción nunca haya sido penalizada en las urnas andaluzas. Más aún, tratándose de una corrupción tan institucionalizada que llegó a crearse una partida presupuestaria específica para sostener el andamiaje del fraude con el rodillo del voto socialista, y haciendo caso omiso de todas las advertencias de la Intervención del Estado. Haya condenas o no, los ERE fueron un desmán abusivo cometido con el reparto caprichoso y espurio de dinero público a amigos y familiares, con la intención de mantener indemne toda una ingeniería de voto cautivo.