Editorial ABC
Cataluña agrava su caos
La decisión provisional de los jueces de mantener las elecciones catalanas el 14 de febrero, y no el 30 de mayo, no prejuzga un fallo definitivo, pero sí presume que ERC se extralimitó
ABC
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó ayer de modo cautelar dejar en suspenso el decreto por el que la Generalitat convocaba las elecciones autonómicas para el 30 de mayo, y en principio mantiene vigente, hasta que decida sobre el fondo de la cuestión, ... la del 14 de febrero. La decisión no prejuzga ningún criterio sobre cuál será la fecha definitiva, pero «a priori» es indiciario de que jurídicamente ese decreto tiene mucho de arbitrario y abusivo. No es habitual que un tribunal acuerde medidas cautelarísimas a petición de un ciudadano, pero en este escenario, con una Generalitat sin presidente, con el mandato de su Gobierno prácticamente concluido, y con el Parlament disuelto, todo es inédito y puede suceder cualquier cosa. De momento, el varapalo para las expectativas de ERC es notable. Este partido había forzado el retraso electoral por puro oportunismo táctico, con la coartada del agravamiento de la pandemia y con el oculto interés de desactivar el «efecto Salvador Illa». Pero sobre todo, se había reservado en el decreto un pretendido derecho automático para dilatar la convocatoria a las urnas sin fecha y sin fiscalización por parte de nadie, lo cual es más propio de regímenes autoritarios que de una democracia. Por eso no sorprende este criterio provisional de los jueces.
En efecto, la resolución judicial no prejuzga su fallo final, pero parece razonable concluir que si los magistrados fuesen a aplazar las elecciones hasta mayo, avalando así el criterio de la Generalitat, no tendría mucho sentido alimentar ahora para unos pocos días un conflicto político que solo añadiría más confusión al panorama preelectoral. De cualquier modo, resulta frustrante observar cómo partidos como ERC y el PSOE subordinan el interés general a su propio cálculo electoralista, generando además una inseguridad jurídica preocupante. Los partidos independentistas tensionan la atmósfera política de tal manera que si no existiese el factor corrector de la Justicia frente a sus abusos, frente a su manera de retorcer la legalidad, y frente a sus imposiciones por decreto, todo sería anárquico y la democracia se iría disolviendo. Parece que la política ha renunciado, por incapacidad o por puro desprecio hacia el mismo sistema del que se ha beneficiado tanto, a resolver en tiempo y forma las cuestiones a las que les obliga el cumplimiento estricto de la legalidad. Y ese es el caso de una convocatoria electoral que ERC ha querido suspender ideologizando un virus a conveniencia de parte.
No obstante, cabe la posibilidad -ayer desde luego parecía remota- de que finalmente se aplacen los comicios. En ese caso, la situación de Salvador Illa, que compagina su labor como ministro de Sanidad con la de cabeza de lista del PSC, es insostenible. El relevo de Illa debería ser inmediato, sean cuando sean las elecciones y por mucho que llegue a estropear los planes de Pedro Sánchez. Por eso también resulta poco edificante que una crisis de Gobierno, por mínima que pueda ser, dependa de la decisión de un tribunal y no de la lógica política. Illa debe dejar de utilizar al coronavirus como eje condicionante de su campaña, de las decisiones oportunistas del presidente del Gobierno, y de una utilización interesada del electorado. Y todo ello, con el hasta ahora candidato y líder del PSC, Miquel Iceta, interpretando el guion de una marioneta sin voz ni voto, y esperando a recibir como consolación un ministerio que le resarza de su fracaso. No hay un solo catalán, se sienta independentista o no, que merezca el trato que está recibiendo por las caóticas decisiones de sus políticos.
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