Un buen Jefe de la Casa del Rey

En una ponencia expuesta hace dos años y medio en la Real Academia de Ciencias Morales y Política, de la que era Presidente, Sabino definió el estatuto constitucional del Rey y efectuó unas sugerencias sobre «el poder moderador», que era el que corresponde al Monarca. En este momento de dolor por el fallecimiento del amigo entrañable recuerdo lo que nos dijo entonces así como en otras ocasiones de los últimos meses.

En primer lugar, el Rey debe estar suficientemente informado de cuanto ocurre, tanto en España como en los países del extranjero. Hay que cumplir lo que establece el artículo 62,g), del texto constitucional: «Corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado». ¿Cómo se satisface esta obligación constitucional?

Sabino Fernández Campo recordaba un proyecto, en los días primeros de la Transición, de lo que hubiera podido haber sido el «Consejo Asesor del Monarca». No prosperó la idea, ya que, según algunos, tal Consejo se habría convertido en un Gabinete Regio con probables enfrentamientos con el Consejo de Ministros.

La Constitución Española no instaura un órgano que asesore al Rey. Pero admite que el Monarca tome contacto con personas e instituciones, lo que sería conveniente en opinión del Conde de Latores: «Tal vez el Rey pudiera organizar de vez en cuando reuniones conjuntas con diversas personalidades destacadas de la vida nacional, para que deliberaran entre sí sobre temas señalados de antemano por su interés y actualidad, y poder contribuir a esa formación del Rey que debe ser cada día más sólida, más profunda y más variada».

La información que hay que proporcionar al Monarca reviste trascendental valor. «En una Monarquía parlamentaria el Rey carece de potestas, pero puede tener una auctoritas, que bien fundada en la dignidad, en la ejemplaridad, en el buen sentido, en el juicio sereno e imparcial, obtenido por una información adecuada y oportuna, pueda adquirir en ocasiones el carácter de una verdadera potestas, a través de la influencia, del consejo y de las advertencias precisas», argumentaba con agudeza el conde de Latores.

Otro requisito del buen ejercicio del poder moderador es la posibilidad de anticipación. El Rey ha de anticiparse a la toma de decisiones que, una vez adoptadas, no son susceptibles de anulación o de modificación. En concreto, los ciudadanos españoles, ante problemas graves o cuando «enfrentamientos políticos -apuntaba el ex Jefe de la Casa del Rey- se alejan de un fin conveniente para la Nación, alguien puede preguntar, y de hecho tal vez se pregunta: ¿Qué hace el Rey?».

Después de subrayar los aspectos negativos de tal situación, Sabino advierte que el Rey «no puede parecer ajeno a los problemas y es conveniente que se trasluzcan a los ciudadanos esas preocupaciones y las gestiones que pueda realizar, siempre que no sea indispensable la reserva».

Especial consideración merece el Alto Patronazgo de las Reales Academias que ostenta el Rey (art. 62,j, de la Constitución). El discurso, que ahora resumo, fue pronunciado en una Real Academia y el autor expuso su opinión al respecto: «El Rey podría asistir a determinadas reuniones de las Academias en las que se trataran temas de interés concreto para el Monarca, con vistas a la situación del país en un momento dado, y que este sistema pudiera contribuir, sin concederle un carácter oficial, a formar su criterio sobre esos temas puntuales y, en general, contribuir a proporcionarle conocimientos interesantes y de actualidad, para completar progresivamente su preparación y su formación a efectos principalmente del ejercicio del poder moderador. Sin tocar la Constitución, sino simplemente con apoyo de ella, ¿no podría constituirse un alto Patronato de las Reales Academias, presidido por el Rey?».

Son otras varias y notables las sugerencias del que fuera el español más próximo al Monarca durante bastantes años. Recuerda el conde de Latores que está ahora muy limitado y condicionado el mando supremo de las Fuerzas Armadas que la Constitución asigna al Monarca. Pero se mantiene la atribución al Rey de la Jefatura del Estado y de la condición de símbolo de la unidad y permanencia de España. «En momentos en que las aspiraciones de algunas Autonomías se desbordan y presentan deseos separatistas o independentistas, es muy aconsejable -puntualizaba su asesor privado- que el Rey intervenga de algún modo y deje constancia de la necesidad de mantener la unidad y la integridad de la Patria».

No sólo importa que el Rey intervenga, sino que los ciudadanos deben saber que interviene: «La aprobación de determinados Estatutos de Autonomía y los propósitos de reforma constitucional para aumentar las facultades atribuidas a las Comunidades, deben ser limitadas por la necesidad de mantener la unidad y al Rey no puede dejar de corresponder realizar las gestiones que lleguen a conocimiento de los españoles en general».

El «nebuloso poder moderador» ha de traducirse en actuaciones concretas, con la posibilidad de anticiparse a decisiones erróneas, en virtud de la suficiente información que debe poseer el Rey.

En definitiva, «la actuación del Rey no puede por menos de estar siempre influida por la preocupación de poner de manifiesto la actividad y el acierto con que la realiza. No puede limitarse a ser una figura simbólica, en la que no se descubran los efectos de la misión que desempeña. El Rey no puede estar tan por encima de los problemas o ajenos a ellos, que se pierda en la altura de las nubes y no trascienda a los ciudadanos el papel que desempeña en el Estado del que ostenta la Jefatura».

El ex Jefe de la Casa del Rey que así se pronunciaba, cuya lealtad demostrada a la Monarquía nunca fue sumisión ciega, nos ha dejado en unos momentos políticos delicados -según me decía él mismo con preocupación hace sólo unos días-; unos momentos en los que, fieles a su memoria, queremos comprobar que el Rey no gobierna, pero reina.