El PP pide evitar errores internos como el del aborto para no dar oxígeno al PSOE

La realidad es que Alberto Núñez Feijóo fijó la posición del partido en 2023, meses antes de las elecciones generales, asumiendo la ley de plazos y el derecho al aborto en los términos que fija la norma. Lo hizo tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de 2010, que el PP había recurrido en su momento y que después, con Mariano Rajoy en el Gobierno, mantuvo intacta metiendo el debate en un cajón. Los tiempos habían cambiado y la sociedad también, por mucho que internamente continuaran conviviendo distintas visiones. La más extendida, coinciden los dirigentes consultados, es la que respeta la ley actual. El PP, eso sí, no dará más pasos. En ningún caso apoyaría ahora esa reforma constitucional para blindar el derecho porque entiende que la ley ya es suficientemente clara–.

Hasta ahora las aguas se han mantenido calmadas. Ni siquiera el PP lo abordó en su último congreso nacional de julio, precisamente por entender que se trata de un debate superado y que todos los esfuerzos debían estar en fijar la alternativa a Pedro Sánchez. Sin embargo, una moción impulsada por Vox en el Ayuntamiento de Madrid volvió a abrir la caja de los truenos, aunque duró poco. El alcalde José Luis Martínez-Almeida apoyó una propuesta del partido rival en la derecha en el que se obliga a los servicios municipales a informar sobre un supuesto síndrome postaborto a todas las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo.

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Las competencias municipales al respecto son muy limitadas. Pero el PP del Ayuntamiento de Madrid dio por válido un catálogo de síntomas que la concejal de Vox, Carla Toscano, describió como «depresión, profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia, autolesiones o agresividad». Horas más tarde Almeida reculó, asegurando que las mujeres atendidas en la ciudad madrileña «no recibirán ningún tipo de información que no quieran»» tras reconocer que ese síndrome postaborto «no es una categoría científica reconocida».

En Génova guardaron silencio tras estallar la polémica. Solo la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, defendió que contar con información siempre era algo positivo. En la formación nadie lo leyó como un síntoma de apoyo, sino que era la manera de evitar una desautorización expresa al alcalde. En la dirección nacional esperaban que Almeida solucionara el incendio generado. Y en otras comunidades y ayuntamientos también.

La reflexión se repetía en cualquier rincón del partido: «No tiene ningún sentido hacernos esto nosotros solos. Tenemos al Gobierno arrinconado por los casos de las prostitutas de Ábalos y Koldo, las pulseras que no controlaban a los maltratadores y ahora somos nosotros los que nos ponemos a hablar del aborto», repetían. «No entendemos nada, pero estos errores no se pueden cometer», dicen a modo de conclusión todos los consultados por ABC.

La sensación que también recorre el partido es que el Gobierno tiene mucha capacidad de respuesta ante cualquier error que cometa el PP. Hay bastante consenso sobre que Sánchez logró sacar rédito de su enfrentamiento con Israel, imponiendo primero el debate semántico sobre el genocidio –y arrinconando a todo aquel que no quiso calificarlo así– o incluso con las protestas sociales como se vio en el final de La Vuelta. «Eso ya se le ha terminado. Pero en ese momento consiguió lo que pretendía», igual que ahora dicen, «le da la vuelta a todos sus asuntos relacionados con las mujeres para azuzar el aborto». La prueba fue la propuesta de Moncloa de hacer un cambio en la Constitución.

Hay voces dentro del PP que también ven un «desliz» por parte del alcalde, que atraviesa una nueva situación personal, con su reciente paternidad. Las mismas que recuerdan que Almeida no termina de confirmar si será candidato de nuevo en 2027.