Ofensiva parlamentaria de Vox para frenar la regularización de inmigrantes que aprobó el Congreso

Los de Santiago Abascal acusan a todos los demás partidos, incluido el PP, de falta de fuerza para combatir la llegada ilegal de personas e incluso de «connivencia con las mafias que ayudan a su llegada» a las costas españolas. «Es evidente que tenemos un problema y señalarlo no nos convierte en racistas», ha reivindicado este martes la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán.

Vox sumó argumentos para este discurso con la votación a favor en el Congreso hace dos semanas de la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras en España. Los de Abascal fueron los únicos que votaron en contra y usan la iniciativa para multiplicar sus críticas a los populares y el resto del arco parlamentario.

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En un nuevo paso en este sentido, la formación ha presentado este martes una proposición no de ley que, entre otros asuntos, pretende frenar esa regularización extraordinaria de personas extranjeras. «Cuanto antes se hable del problema antes se atajarán las causas, la propaganda tiene muy poco que hacer frente a la estadística y la realidad de la calle», ha insistido Millán.

La PNL, que Vox registrará en el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, busca también la supresión de toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que hayan vulnerado leyes españolas y comunitarias, a excepción de la ayuda humanitaria urgente que precisen hasta la devolución a sus países; y que se tomen «todas las medidas necesarias» para proceder al cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados, «especialmente los que crean más conflicto».

Vox también quiere que se suspenda la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos migratorios y solicita refuerzo de personal para tramitar solicitudes de asilo y resolver los expedientes de extranjería.

Precisamente el Pleno del Congreso ha debatido este martes otra iniciativa de Vox para expulsar de inmediato a los inmigrantes que entren ilegalmente en España, eliminar subvenciones a organizaciones no gubernamentales que les atiende, y suspender la cooperación y las ayudas a países africanos de donde proceden.

Se trata de otra proposición no de ley de 19 puntos con la que Vox pretendía «acabar con las políticas de efecto llamada» e «impulsar que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública».

Sin embargo, los de Santiago Abascal se han quedado de nuevo solos en el hemiciclo, centro de críticas de todos los demás grupos parlamentarios. «Desde una perspectiva populista y electoralista pretenden aislar a España», les ha reprochado la diputada del PP Maribel Sánchez Torregrosa. «Quieren la misma España aislada que tuvimos en la época de Franco. Señalan al colectivo que más rechazo les provoca, los extranjeros, especialmente africanos, los que no profesan religión católica ni tiene mismo color piel», ha afeado el del PSOE, Luc André Diouf, de origen senegalés.

Pero la cosa no ha quedado ahí, el parlamentario de ERC Jordi Salvador ha acusado a los de Abascal de sostener un discurso que «no es muy diferente del que hacían los nazis con los judíos»; mientras que la representante de Sumar, Tesh Sidi, de origen saharaui, ha recurrido a experiencias personales para denunciar «el fascismo, el machismo y el racismo» de Vox.

En defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha advertido de la «relación íntima» que a su juicio existe entre inmigración ilegal y delincuencia y ha denunciado que se quiera «hurtar» este debate a los españoles.

Por ello, ha exigido «poner fin a las políticas de efecto llamada, lanzar el mensaje de que cualquier inmigrante que entre ilegal será deportado lo antes posible y que las ONGs que trafican no van a percibir ni un solo céntimo de dinero público». Y ha apostado por una inmigración que «priorice» la integración en la cultura y civilización occidentales.