Eliminar la tasa, no rediseñar

La tasa en España se tradujo en el denominado 'impuestazo', un gravamen sobre el 1,2 por ciento de la facturación de las grandes compañías energéticas. El grupo Repsol, con 450 millones de euros anuales, ha sido la empresa más afectada seguida por Cepsa (que recientemente anunció pérdidas por el lastre que ha supuesto el impuesto en sus cuentas de 2023), Iberdrola y Naturgy.

Sánchez dijo que el impuesto se había creado porque la crisis hizo que las empresas energéticas obtuvieran beneficios «por no hacer nada». Esta afirmación es tan inexacta como chapucero fue el diseño del impuesto, que no grava los beneficios, sino la facturación. La misma Teresa Ribera fue más prudente a la hora de referirse al objeto tributario admitiendo que la figura legal intentó «identificar» esos beneficios sin la certeza de que realmente lo haya hecho. De hecho, lo ocurrido con las cuentas de Cepsa demuestra que lo que en realidad ha hecho el 'impuestazo' ha sido expropiar la autonomía de las empresas, mutilando su facturación y su contabilidad, mientras el Estado se ha adueñado de unos beneficios extraordinarios, pero legítimos. El resultado de esta expropiación es que los directivos dejan de ser los que definen la estrategia empresarial, puesto que no tienen libertad para destinar esas cantidades a sus políticas de inversión o a lo que mejor les parezca a sus accionistas. Si el argumento oficial se somete a la prueba inversa, ¿acudirá el Estado a salvar la última línea del balance de estas compañías si el mercado las aboca a una situación de pérdidas donde la mala gestión no sea evidente?

Con todo, Sánchez descartó de raíz que la revisión del impuesto se deba a la indignación que se ha apoderado de las compañías afectadas. Repsol se ha convertido en la empresa más beligerante a la hora de exigir certidumbre y estabilidad regulatoria en España y repudiar los impuestos excepcionales como los creados para las energéticas o la banca. Su presidente, Antonio Brufau, ha decidido alzar la voz para defender los intereses de sus accionistas recordando lo que es obvio, que si en España no hay estabilidad jurídica y fiscal, el dinero estará mucho mejor invertido en países tan próximos geográficamente como Portugal o Francia. El alto ejecutivo ha insistido en que «los costes a los que el Gobierno somete a sus empresas las coloca en clara desventaja competitiva». Brufau sabe, como el resto del sector, que los acuerdos de investidura entre el PSOE y Sumar contemplan que se analice a fondo la continuidad del gravamen. Por eso Sánchez se limita a hablar de «rediseño» cuando lo que debería hacer es eliminarlo derechamente como recomienda la UE.