Cosas un poco bellacas o un poco tontas

Diez días después hubo un incendio provocado en el Parque Nacional de Garajonay . Destruyó 4.100 hectáreas de laurisilva, flora de la Isla de La Gomera excepcionalmente importante, tanto que había sido declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1986 y Reserva de la Biosfera días antes del incendio. En esos días, la Prensa habló de sospechosos detenidos, pero ahora ya los buscadores de la Red han debido de borrar los datos o conjeturas. Asunto olvidado.

Pero sí consta que Doña Ana Oramas, diputada por Coalición Canaria, se declaró ofendida cuando la señora Merkel, canciller de Alemania, dijo que no iría de vacaciones, como era su costumbre, a pasear por la Isla de La Gomera. La señora Oramas le exigió «menos austeridad, más inversiones y más flexibilidad en el cumplimiento del déficit», ayuda para reforestar el bosque quemado por el delincuente desconocido y que volviera a visitar La Gomera tras el incendio.

Este juego de los despropósitos –siniestros despropósitos– tan sólo se entiende si comprendemos que el delito de los incendiarios es uno de los muchos crímenes que en España suelen permanecer impunes. O sea, que «salen gratis», expresión que se emplea con una mezcla terrible de frivolidad y resignación ante el mal.

Siete años antes del desastre citado hubo otro, en 2005, en Guadalajara . Allí ardieron 13.000 hectáreas y murieron 11 personas. Fue provocado por unos excursionistas que organizaron una barbacoa. El proceso duró ocho años. Al final, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba a un solo culpable por un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Le impuso una pena de dos años de prisión e indemnización de 10 millones de euros. La pena no se cumple (por falta de antecedentes penales) y la indemnización no se paga (por insolvencia).

No se sabe a ciencia cierta el número de incendiarios detenidos, juzgados y condenados. Ni mucho menos cuántos cumplen condena ni por cuánto tiempo. Y, por supuesto, se desconoce su identidad. A quienes indagan sobre el nombre del delincuente le contestan que eso iría contra el «derecho al honor» o el «derecho a la intimidad». Cuando se tiene acceso a alguna sentencia, ésta está «anonimizada». Sin duda, para no ofender los tiernos sentimientos de los delincuentes, ocultan sus nombres e identidades.

Extraña también la inacción de las oenegés y de los oenegeros. Los sedicentes ecologistas se limitan a entonar la cantinela de que «los incendios se apagan en invierno, gastando dinero en limpiar el monte ». O sea, declarar fijos a los brigadistas eventuales para evitarles tentaciones pirómanas.

Destaca una excepción en este panorama de general indiferencia ante la impunidad o lenidad frente al delito. El Proyecto España en Llamas , dirigido por un periodista especializado, Marcos García Rey, lleva años de esfuerzo para elaborar una base de datos sobre estas llamaradas recurrentes y criminales. Con pocos medios, hacen acopio de información y estadísticas sobre estos delitos. Pero los esfuerzos de su pequeño equipo no consiguen obtener nada más allá del número de condenados al año por delitos de incendios forestales. No quieren o no pueden las autoridades detallar la duración de la condena y cuánto tiempo cumplieron de hecho en la cárcel. Ni siquiera las preguntas de la Defensora del Pueblo, que nos recibió, obtuvieron la información pertinente.

Por lo bajo, se murmura que los incendios son «delitos de pobres» y la contaminación del aire y de los ríos, tanto como las construcciones ilegales, son «delitos de ricos». Por eso, dicen algunos, hay tendencia a ser indulgente con los incendiarios y severo con los contaminadores . Mentira (¿piadosa?), puesto que se sepa hay tan pocos contaminadores en la cárcel como incendiarios.

Una vez más España da la razón a Ortega. La mayoría se tapa la nariz ante la humareda y acepta cosas «un poco bellacas o un poco tontas».

Publicado en ABC el viernes 2 de febrero de 2018