Criterios comunes en la gestión del agua

Para el experto, se trata, además, de una «discusión pendiente». Y añadió dos más: «cuáles deberían ser las funciones que debería tener un regulador -que ahora mismo no tenemos, puntualizó- y cuál sería el vehículo de regulación -la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las comunidades autónomas, las entidades supramunipales...-». Y puso como ejemplo a Portugal: «Un país al que solemos mirar con un desdén impropio y que ha resuelto este tema de manera admirable». Nuestro vecino cuenta con «un ente regulador que goza de independencia desde el punto de vista orgánico, financiero y funcional. En este modelo inclusivo se dan todo tipo de situaciones: gestión directa por parte de los municipios, cooperación público-privada explícita a través de contratos y la prestación estrictamente privada. Todo cabe cuando las reglas de juego están bien definidas y prevalece el interés general», puntualizó Delacámara.

En cuanto a si se persigue o no el interés general en materia de política hidráulica en lo que a la agricultura se refiere, desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) , su presidente, Andrés del Campo , considera que no: «La contaminación que existe hoy en el agua no tiene que ver ni siquiera con la difusa de los agricultores; se trata de una contaminación política. Las comunidades autónomas están utilizando el agua para su beneficio propio. Y si no se destierra la idea de que el agua es de quién la tiene más cerca, que es lo que se transmite a la ciudadanía, nunca cesarán los conflictos. Tiene que existir una administración central o algún ente que acabe con el tótum revolútum de leyes autonómicas sobre el agua que hay en la actualidad, que ponga orden y regule con sensibilidad y firmeza», sugirió Del Campo.

Fernando Morcillo , presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS) , abundó en la idea del interés general y la vinculó, a su vez, a la de «déficit de legitimación» que reina hoy en la sociedad española: «Necesitamos que el ciudadano entienda cómo se gestiona el agua que llega al grifo y se pierde por el retrete». Un regulador, en su opinión, contribuiría en primer lugar a fijar un marco de prestación de servicio armonizado . Y, en segundo lugar, ayudaría a determinar una estructura que permita incorporar los elementos económicos del agua: «Ni siquiera se dice al usuario que los pague. Luego habrá que decidir a quién corresponde repercutir los mismos: vía tarifa (el día a día del abastecimiento y el saneamiento) o presupuestos (la acometida de infraestructuras importantes)», explicó Morcillo.

El presidente de AEAS se mostró partidario del sistema que impera en los países del norte de Europa, con un precio del agua cinco veces superior al de España : «Trasladan todo a la tarifa, para que el usuario sea consciente de lo que gasta y sepa que, con lo que pagan por un refresco no cubren el consumo total (ducha, lavadora, lavavajillas y agua de boca) de una familia durante dos días y medio, como ocurre ahora en nuestro país, donde el agua supone solo el 0,6% de la cesta de la compra».

Por su parte, Jaime Castillo , director de Relaciones Institucionales de Global Omnium , grupo empresarial dedicado a la gestión del agua presente en once comunidades autónomas, defendió que más allá de gestión pública, privada o mixta , «lo importante es hacer las cosas bien». Y para ello son necesarios «criterios generales de regulación y alguien que vigile que se cumplan; si no estaremos pagando servicios diferentes en función de donde vivamos».