Bruselas apuesta por un recorte del 40% en emisiones de CO2 para 2030

La UE pretende así dar seguimiento al triple objetivo que se fijó para 2020 (20% de recorte de emisiones, 20% de renovables, y 20% de ahorro energético), mantener su liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático y sentar las bases para un acuerdo internacional en 2015. Polonia, Portugal y, en menor medida, España se encuentran entre los países que más reservas mantienen, según han informado fuentes diplomáticas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedirá un aumento de las interconexiones energéticas entre la Península Ibérica y el resto de la UE y más financiación comunitaria para estos proyectos.

Para ello cuenta con el apoyo de Portugal, que amenaza incluso con bloquear cualquier acuerdo que no incluya un objetivo obligatorio de interconexiones, en línea con el 15% que ha propuesto Bruselas para 2030. Y choca con Francia, que rechaza cualquier meta obligatoria en este campo.

El Gobierno español denuncia que la Península Ibérica sigue siendo una «isla energética», ya que el ratio de interconexión es tan sólo del 1,2%, frente al objetivo del 10% que la UE se marcó ya en 2002. Aumentado las interconexiones, España podría hacer llegar al resto de Europa cualquier superávit de energía producida con renovables o parte del gas que importa de Argelia, y reducir, así, la dependencia respeto al gas ruso.

Polonia considera excesivamente ambicioso el recorte de emisiones del 40% y alega que tendrá un fuerte impacto sobre el crecimiento económico debido a su dependencia del carbón, una de las fuentes energéticas más contaminantes. Y exige como contrapartida a su visto bueno una compensación económica de la UE.

Otro país que podría plantear problemas en las negociaciones es Reino Unido, que apoya el recorte del 40% en las emisiones de CO2, pero no quiere que se fijen metas nacionales de renovables ni de ahorro energético. Sostiene que cada Estado miembro debe tener flexibilidad para optar por su propia combinación energética, dando prioridad por ejemplo a la energía nuclear o al gas no convencional.

El último borrador de conclusiones prevé crear un fondo, que se financiará con entre el 1% y el 2% de los ingresos generados por las subastas de permisos de emisión, que se utilizará para modernizar los sistemas energéticos en los Estados miembros más pobres.