Los ecologistas denuncian un posible empleo masivo de veneno contra los topillos

Las ONGs y la RFEC denuncian en una nota emitida de forma conjunta ayer que la Junta de Castilla y León ha adjudicado a dos empresas -Ibysan Productos Sanitarios Auxiliares, S.L y Química de Munguía, S.A- el suministro de 48 toneladas de cereal envenenado con rodenticidas ante la previsión de una plaga de topillo campesino.

«La sustancia activa bromadiolona presente en los rodenticidas es un raticida anticoagulante de segunda generación no selectivo que quedará accesible para cualquier animal, mamífero o ave; incluyendo especies cinegéticas como liebres, palomas, perdices o conejos», matizan desde SEO. «Su distribución indiscriminada por las tierras de Castilla y León sin las medidas de precaución necesarias ha supuesto en años anteriores una gran mortalidad de taxones que no eran objeto del control», denuncian.

«Sorprende, además, que la Junta emprenda un gasto de 190.000 euros para adquirir estas 48 toneladas de semillas de cereal impregnadas de bromadiolona cuando en 2012 el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León compró 38 toneladas de cebos envenenados -que no fueron utilizados al no declararse la plaga de topillo campesino-», escriben.

«Estaríamos, por tanto, ante la posibilidad de que desde la Junta de Castilla y León se esté preparando un envenenamiento masivo del medio natural con la utilización de más de 86 toneladas de raticidas», concluyen.

Proporción minúscula de veneno entre el cereal

Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León aclaran que lo que se ha adquirido son 48 toneladas en las que ya están mezclados los dos kilos de rodenticida (es la fórmula en la que se adquiere), lo que supone una proporción de veneno del 0,004 por ciento entre el cereal. Además, subrayan que aún no ha comenzado a esparcirse en el campo.

Pascual: «No podemos permitirnos una plaga como la de 2007»Las previsiones del Gobierno de la Comunidad es hacerlo en enero y febrero, siempre que fuera necesario y que las medidas puestas en marcha para controlar las poblaciones «anormales» de topillos detectadas, junto con la lluvia el frío, no consigan sus pretensiones. «No podemos permitirnos una plaga como la de 2007», reconocía hace unos días a ABC la viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual.

A finales de noviembre, comenzaron las quemas controladas en las comarcas de Castilla y León con más poblaciones de estos roedores, que ya en 2007 causaron una plaga de millonarias consecuencias para el campo. Es la principal actuación, de acuerdo a las recomendaciones de los expertos, que desde el verano vigilan a los topillos. Se llevan a cabo por los propios agricultores y los ayuntamientos afectados previa autorización de la Junta y bajo supervisión de Medio Ambiente y el Seprona de la Guardia Civil.

Ya en 2007, cuanto la anterior plaga, también se llegó a utilizar el veneno para controlar al topillo campesino que causó estragos. El rodenticida se introducía en unos pequeños tubos de plástico que se colocaban en el campo para impedir, así, que otros animales, especialmente las aves, pudieran ingerirlo.

Trabajos en las cunetas

«El uso de veneno incrementará el daño ambiental que ya está produciendo la quema de linderos y cunetas para prevenir una plaga que aún no ha sido declarada», explican en su texto las ONGs.

Las quemas tienen efectos adversos para la biodiversidad: destruyen el hábitat de reproducción, alimento y refugio de especies silvestres que pueden contribuir al control natural de plagas; aumentan el riesgo de erosión y de incendio y fomentan la eliminación de microorganismos beneficiosos para el suelo.

«La destrucción o deterioro de las áreas de reproducción está prohibido por la Directiva de Aves , el Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad . Y solo puede llevarse a cabo bajo un régimen de excepciones que no se está cumpliendo en estos casos. Por ello, las quemas autorizadas por la Junta de Castilla y León podrían acarrear graves sanciones», matizan desde SEO.