Los afectados por las ZBE recurren al defensor del pueblo

Después de manifestarse y de solicitar a todo aquel colectivo en contra que se posicione de su lado bajo la campaña 'Nosotros pagamos, nosotros circulamos', solicitan un recurso de inconstitucionalidad

ZBE P.F.

S. M.

Madrid

24/02/2023
Actualizado 26/02/2023 a las 05:05h.

Son varias las asociaciones de automovilistas en contra de las recién puestas en marcha Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). En concreto, alegan medidas discriminatorias y por la libertad de circulación, quieren luchar por la anulación de todas las multas por la falta de información, ... nula o deficiente señalización, acumulación de expedientes y pésima gestión en la notificación y recepción de multas. Así como contra la ampliación del SER fuera de la M-30 sin consulta popular vecinal y contra las trabas a la libre competencia y al principio de libertad económica.

Así que, ahora, y después de manifestarse y de solicitar a todo aquel colectivo en contra que se posicione de su lado bajo la campaña 'Nosotros pagamos, nosotros circulamos', solicitan amparo al defensor del pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad.

«Consideramos que las ZBE, tal y como se plantean en el RD 1052/2022 y en las 'Directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)' del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico conllevan medidas de tipo restrictivo que vulneran la Constitución Española y el Ordenamiento Jurídico, directa e indirectamente, al limitar la libertad de circulación de personas, bienes y mercancías; la libre circulación de los trabajadores; el derecho a la propiedad privada, y a su uso y disfrute; la libertad y la igualdad de los españoles ante la ley, así como el derecho a protección contra toda discriminación«, explican.

Al mismo tiempo, añaden que se «vulneran los principios de legalidad, jerarquía normativa, el de no retroactividad de las normas, el de seguridad jurídica y el principio de libertad económica. Igualmente también podrían vulnerar el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, los Estatutos de Autonomía respectivos, y los Tratados Internacionales suscritos por España«.

En los municipios de más de 50.000 habitantes afectados se estima que hay 5.563.478 vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, 5.925.12 con etiqueta B y 6.154.367 con etiqueta C.

Por tanto, «dado los millones de personas, y los cientos de miles de empresas y autónomos que pueden verse potencialmente afectadas por las restricciones derivadas de las ZBE estamos realizando esta campaña masiva de presentación de escritos para que se demuestre el rechazo popular a estas medidas y sean tenidas en consideración nuestras propuestas», concluyen.