Las víctimas de accidentes de tráfico denuncian la falta de protocolos de seguridad para los fisioterapeutas

Al no estar dictadas indicaciones específicas para este colectivo en el mencionado Decreto, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, la Asociación Española de Fisioterapeutas y la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia, han emitido un comunicado conjunto de recomendaciones dirigidas a sus profesionales en el manejo de la crisis sanitaria.

En tanto el Ministerio de Sanidad no se pronuncie, recomiendan la suspensión cautelar de todos los actos fisioterápicos programados en cualquier ámbito asistencial, al no tener acceso adecuado a los equipos de protección individual necesarios para garantizar, tanto su propia protección, como la de los pacientes.

Según destacan, en en la mayoría de las modalidades de tratamiento, no es posible mantener la distancia de seguridad establecida en las recomendaciones a menos de 1,5 metros del paciente. A esto se le añade que el 90% se realiza en centros privados y los tratamientos suponen un contacto directo con el paciente y mantenido en el tiempo. Además, muchos de los pacientes que acuden al fisioterapeuta, por edad y patologías previas, se encuentran entre la población de especial riesgo y, por tanto, protección.

Desde esta asociación consideran que uno de los principales afectados es el tratamiento médico en sentido laxo, sobre todo rehabilitador, derivado de la aplicación del Convenio de Asistencia Sanitaria (CAS) para los lesionados en accidentes de tráfico que precisan la asistencia sanitaria integral, hospitalaria como ambulatoria, prestada a los lesionados por hechos de la circulación hasta su total sanación o estabilización de secuelas.

ANAVA-RC se ha puesto en contacto con varias clínicas en diferentes puntos de España, coincidiendo en la inquietud sobre la posibilidad de que UNESPA impugnara la validez del tratamiento domiciliario y, con ello, se produjera masivamente un rehúse de la autorización del tratamiento y, por ende, del pago de la factura por falta de continuidad y de tratamiento ambulatorio, con el consiguiente quebranto no solo para las mermadas arcas de los centros sanitarios, sino también para la indemnización de los lesionados.

No obstante, desde la patronal del seguro, por medio de la Secretaría de la Comisión Nacional de Vigilancia del Convenio, se ha publicado una nota en la plataforma de intercambio de información y documentación con los centros sanitarios, CAS-TIREA (Tecnología de la Información y Redes de las Entidades Aseguradora) comunicando que desde el 9 al 28 de marzo (habrá que entender con sus prórrogas) “no se aplicará el rehúse de facturación por falta de continuidad asistencial que establece el Convenio”. Se prevé, en estos casos, que en el supuesto de reinicio del tratamiento, el centro sanitario estará obligado a remitir a la Entidad Aseguradora obligada al pago (lógicamente por el reseñada sistema CAS-TIREA) un informe médico de re-evaluación de lesionado, justificando dicha reanudación.

El comunicado agradece a los Centros Sanitarios que hagan el esfuerzo que sea preciso para trasladar las pautas de rehabilitación domiciliaria adecuadas a todos los lesionados que hayan iniciado tratamiento y que, bajo criterio clínico, no pueda aplazarse, así como que se mantengan los tratamientos de urgencia y no aplazables de los pacientes por todas las vías posibles, “minimizando al máximo los desplazamientos y garantizando la debida protección de los profesionales”. Por ello, parece que el tratamiento domiciliario podrá ser suficiente para justificar la continuidad sintomática y no romper el nexo causal.

Por otro lado, aún nadie ha comentado del extorno que podría devengarse por una prima satisfecha y no consumida o, en su caso, de la posible extensión de las coberturas por el mismo periodo que dure la alarma, como compensación temporal . Aunque no hay datos de siniestralidad vial, es evidente que en este mes va a reducirse en más de un 90 %. El coronavirus se ha cobrado en España en cinco semanas más vidas que las registradas en accidentes de tráfico en todo 2019.

Por su parte, Alberto Masiá, vocal de la Junta Directiva de ANAVA-RC y experto en Convenios Sanitarios, denuncia “la inexistencia de un protocolo de seguridad para el colectivo de profesionales fisioterapeutas. Por ello, desde nuestra asociación lucharemos por las víctimas de accidentes de tráfico y por el personal sanitario encargado de atenderles para que esta situación, completamente excepcional, no termine perjudicando la salud de unos o de otros, ni la calidad asistencial. Nuestro deber es seguir buscando soluciones para que todas las víctimas, que son la parte más débil, no pierdan sus legítimos derechos”.