Multas de hasta 30.000 euros por cada vehículo que no cumpla la normativa comunitaria de emisiones

La comisaria europea de Mercado Interno, Industria, Emprendedores y Pymes, Elzbieta Bienkowska , aseguró que, en el futuro, la Comisión podrá realizar inspecciones en los vehículos, así como impulsar llamadas a revisión e imponer multas de hasta 30.000 euros por coche cuando se vulnere la normativa. «El dieselgate ha revelado la debilidad de nuestra regulación y de nuestro sistema de vigilancia de mercado. Sabemos que muchos fabricantes de coches estuvieron engañando y que otros se beneficiaron de los vacíos legales», aseguró.

De esta forma, los legisladores comunitarios llegaron a un acuerdo en relación con la propuesta de Comisión Europea (CE), realizada en enero de 2016, en relación con el marco regulatorio de aprobación de los vehículos en Europa, sobre las normas que certifican que los modelos cumplen con las exigencias comunitarias para ser vendidos en la región y sobre «rigurosos» procesos de inspección para los fabricantes de automóviles.

El Ejecutivo comunitario estipula así que los servicios técnicos serán auditados de forma periódica e independiente , con el objeto de obtener y de mantener la designación por parte de los estados miembros para llevar a cabo los test y las inspecciones de los modelos nuevos.

Igualmente, las autoridades nacionales de verificación de cada estado miembro también estarán sujetas a auditorías por parte de la CE para evitar que «los servicios técnicos sean pagados directamente por los fabricantes de vehículos», según subraya el organismo en un comunicado.

Los estados miembros deberán realizar controles puntuales con regularidad de los vehículos que ya están en circulación, poniendo a disposición pública los resultados. Los gobiernos nacionales también podrán adoptar «medidas inmediatas» sin tener que esperar a que actúe la autoridad que emitió la homologación del automóvil.

Por otro lado, el acuerdo, aún sujeto a la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo y que será obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2020, señala que el Gobierno comunitario podrá llevar a cabo verificaciones de mercado de forma independiente a los estados miembro, con la posibilidad de retirar los vehículos que no cumplan con las normas de homologación en toda la Unión Europea.

La nueva regulación mantiene el veto actual a los dispositivos que detectan que el vehículo está siendo objeto de pruebas de laboratorio. Además, en el futuro, los fabricantes de vehículos deberán ofrecer acceso a los protocolos del software de los automóviles.