El 10% de las multas por velocidad están mal graduadas

Los letrados de AEA salieron en defensa de uno de sus socios, al que Tráfico había impuesto una sanción de 300 € y la pérdida de 2 puntos de su permiso de conducir por circular a 152 km/h. por la R-2, a la altura del kilómetro 48, en la provincia de Guadalajara y la ha reducido a tan sólo 100 €, sin detracción de puntos .

Según indicaba Tráfico en la denuncia, para la graduación de la sanción se habían tenido en cuenta los márgenes de error legalmente establecidos para la medición de la velocidad efectuada por el radar.

No obstante, «la tesis de la parte actora -según se recoge en la sentencia- es que si se aplicase el margen de error del cinemómetro utilizado, cifrado en un 5% al tratarse de un dispositivo fijo , la velocidad imputada sería de 144,40 km/h , por lo que la cuantía de la sanción se reduciría a 100 €», destacan desde la asociación.

AEA calcula que desde mayo de 2010 se han impuesto en España cerca de un millón de multas con importes y detracción de puntos superiores a los establecidos en la Ley de Seguridad Vial. Sanciones ilegales que se han impuesto no sólo por la DGT, sino también por el Servei Catalá de Tránsit y el Gobierno Vasco.

En el último año, han sido cerca de 300.000 multas las que se contabilizaron por encima de la ley. «Sólo en el último año la DGT ha impuesto 285.137 sanciones por exceso de velocidad con importes y detracción de puntos por encima de lo que marca la ley. Esta cifra supone aproximadamente el 10% del total de las denuncias formuladas por los radares fijos y móviles de la DGT en 2016», explica el presidente de AEA, Mario Arnaldo .

Arnaldo ha manifestado su satisfacción por este nuevo éxito jurídico obtenido por su organización en la defensa de los legítimos derechos de los automovilistas, y ha celebrado que el Defensor del Pueblo haya tomado cartas en este asunto «porque afecta a los derechos fundamentales de cientos de miles de ciudadanos».

De hecho, el pasado mes de enero, el Defensor del Pueblo formuló ya una sugerencia a la Dirección general de Tráfico instando a que revisara de oficio de expedientes sancionadores en los que no aparezca demostrado que en la velocidad captada por los cinemómetros se haya descontado el error máximo previsto legalmente.

«Esperamos que con esta oportuna actuación del Defensor del Pueblo cese por fin la irregular actuación que la DGT viene llevando a cabo desde hace siete años , que obliga injustificadamente a los ciudadanos a tener que acudir a los tribunales para defender sus derechos», subraya Arnaldo.