Europa aprueba objetivos de emisiones de CO2 más estrictos para camiones y autobuses

Los vehículos pesados son responsables de más del 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes del transporte por carretera en la UE y representan más del 6 % de las emisiones totales de GEI de la UE. Según la propuesta legislativa de la Comisión presentada en febrero de 2023, reducir estas emisiones «es crucial para los objetivos de la UE de lograr la neutralidad climática para 2050 y reducir la demanda de combustibles fósiles importados».

Las emisiones de CO2 de los grandes camiones (incluidos los vehículos profesionales, como camiones de basura, volquetes o hormigoneras) y autobuses deberán reducirse un 45% para el período 2030-2034, un 65% para 2035-2039 y un 90% a partir de 2040. De aquí a 2030, los nuevos autobuses urbanos deberán reducir sus emisiones en un 90% y convertirse en vehículos de cero emisiones de aquí a 2035. También se fijan objetivos de reducción de emisiones para los remolques (7,5%) y semirremolques (10%), a partir de 2030.

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La ley exige que la Comisión lleve a cabo una revisión detallada de la eficacia y el impacto de las nuevas normas de aquí a 2027. Esta revisión deberá evaluar, entre otras cosas, si se aplican las normas a los camiones pequeños, el papel de una metodología para registrar vehículos pesados exclusivamente que funcionan con combustibles neutros en CO2 y el papel que podría tener un factor de corrección de carbono en la transición hacia vehículos pesados sin emisiones.

El Consejo aún necesita aprobar formalmente el acuerdo antes de que pueda entrar en vigor.

Desde la Asociación española de Fabricantes, ANFAC, comparten los objetivos de descarbonización del transporte pesado y dan la bienvenida a este nuevo marco regulador, pero insiste que este aumento de la ambición en materia de reducción de emisiones ha de ir acompañado por medidas que impulsen el mercado de vehículos pesados y autobuses, junto con el desarrollo paralelo de infraestructuras de recarga y repostaje adecuadas a estos vehículos.

Durante 2023, apenas se matricularon 341 unidades de vehículos pesados y 538 autobuses electrificados, lo que representa solamente el 1,2% y el 14,3% del mercado electrificado en cada uno de estos tipos de vehículos, respectivamente. Con la salvedad de que el alza en la matriculación de autobuses eléctricos es únicamente de ámbito urbano en las flotas adquiridas por los ayuntamientos.

Así mismo, aunque se disponga de 29.301 puntos de recarga de acceso público en España, a cierre de 2023 según el Barómetro de Electromovilidad de ANFAC, apenas el 5% es de carga ultrarrápida (>150 kW). A falta de información pública más precisa, ninguno de estos está adaptado para las dimensiones y necesidades que los vehículos de transporte de mercancías y pasajeros requieren, así como para la potencia necesaria, superior a 350 kW, para reducir los tiempos de recarga de estos vehículos.

Ambas cifras se sitúan muy lejos de los nuevos objetivos y evidencian la criticidad de dar continuidad a las ayudas públicas a la electrificación de las flotas de pesados y autobuses. Desde la asociación se remarca que el próximo 30 de abril finaliza el actual Plan de ayudas a la compra MITMA MOVES, sin que se haya anunciado su continuidad, situación que, de confirmarse, sería paradójica y tendría un impacto muy negativo en el proceso de descarbonización.

De la misma manera, ANFAC destaca que es prioritario que España cuente con un órgano de planificación, impulso, gestión y coordinación para el despliegue de una red suficiente en número, potencia y capilaridad de infraestructura de recarga y repostaje a nivel nacional de acceso público, también para vehículos pesados.