El juicio del diéselgate ya tiene fecha en España: 22 de octubre

En este caso, la organización de protección al consumidor engloba los intereses de 7.500 afectados por el trampeamiento de las emisiones en varios de sus modelos con motores diésel. El caso fue destapado por una universidad de Estados Unidos en 2015 cuando llevó a cabo la medición de emisiones en condiciones reales de conducción de diferentes marcas.

En total, se estima que unos 11 millones de vehículos del grupo alemán, fabricados entre los años 2009 y 2015, habían estado equipados con un dispositivo que detectaba cuándo el coche estaba siendo evaluado –con el motor encendido pero sin moverse– y reducía hasta cuarenta veces las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx).

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Como consecuencia, algunos directivos del grupo, como el antiguo consejero delegado de Audi, Rupert Stadler, recibieron multas de más de un millón de euros y fueron sentenciados a prisión. En el caso de Stadler, un año y nueve meses de prisión suspendida.

Además, en muchos mercados el fabricante tuvo que pagar multas elevadas en diferentes mercados que, en total, superan los 30.000 millones de euros.

OCU denuncia en un comunicado «el diferente tratamiento que ha empleado Volkswagen con los afectados. Mientras indemniza a los consumidores americanos, o llega a acuerdos en Australia, Alemania e Italia, mantiene una actitud muy diferente en otros países como España, Bélgica o Portugal, donde obliga a miles de consumidores a acudir a los tribunales».

Según la asociación, Volkswagen se ha visto favorecida en España –donde el fabricante cuenta con una fábrica en Landaben (Navarra)– «por la inmovilidad absoluta de las diferentes administraciones en España, que no han sancionado a la empresa, a pesar de que esta ha reconocido de forma abierta la manipulación de las emisiones».

Barcelona es la segunda vez que OCU acude a los tribunales con la demanda colectiva. En 2021, la Audiencia Provincial de Madrid sentenció que tenían que indemnizar a 5.444 vehículos afectados con un total de 16,3 millones de euros. Sin embargo, posteriormente anuló la condena, transmitiendo las competencias a la ciudad condal.