Ferry transporta vehículos con destino a Mallorca
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Los fabricantes de coches denuncian al Gobierno balear ante Bruselas por su plan para vetar los motores de combustión

Anfac lleva al Ejecutivo autonómico ante la Comisión Europea por su proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que contempla la prohibición de que circulen nuevos vehículos diésel en las islas en 2025, y cualquiera impulsado por combustión interna, aunque sean híbridos, a partir de 2035

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A los fabricantes de automóviles se les ha agotado la paciencia con el Ejecutivo balear, que quiere ir más allá que el Gobierno español y que la propia Unión Europea en su cruzada contra los automóviles de combustión. Anfac, la asociación que agrupa a los productores de vehículos con presencia en España, ha denunciado ante la Comisión Europea el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del ejecutivo regional, presidido por la socialista Francina Armengol. También llevará el articulado, en avanzada fase de tramitación, ante el Consejo para la Unidad de Mercado del Ministerio de Economía y Empresa, al argumentar que inclumple tanto la legislación comunitaria como la nacional.

El texto, aprobado por el Consell autonómico en agosto pero pendiente aún de los últimos trámites parlamentarios, busca transformar las Islas en un territorio alimentado únicamente mediante energías renovables, y libre de emisiones a medio y largo plazo. Para ello, contempla entre otras medidas la prohibición de que circulen nuevos vehículos diésel en las islas en 2025, y cualquiera impulsado por motores de combustión a partir de 2035, incluyendo los de ciudadanos del resto de España y de Europa de paso por las Islas.

En el escrito remitido a Bruselas, Anfac califica las medidas del plan de «arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas», y asegura que «están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico». La patronal de fabricantes también cree que suponen «un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea», así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, además de ser «inéditas en toda Europa».

En concreto, argumenta que el proyecto incumple la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al «afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías», afirman en la denuncia. Además, supone un «grave obstáculo para la unidad de mercado español y tendrá unos efectos muy negativos» para el sector.

En un comunicado, la asociación de concesionarios Faconauto ha anunciado su respaldo a la denuncia de Anfac. A su juicio, la norma «pondrá en serio peligro la distribución y reparación de vehículos en las islas, ya que los clientes dejarían de poder adquirir modelos de combustión, que actualmente suponen el 99% de las matriculaciones». En este sentido, Faconauto añade que los concesionarios en Baleares dan empleo a 5.000 personas de manera directa y a 20.000 más de forma indirecta.

Además, Faconauto considera que desde el punto de vista legal, el proyecto de Ley balear invadiría competencias estatales y de la UE, en concreto, la normativa de homologación de vehículos de la UE. Se trata del denominado marcado «CE», un «pasaporte» para el comercio de un producto dentro de los países de la Unión Europea. Una vez homologado el producto, ni siquiera los Estados miembros pueden prohibir, restringir o impedir la colocación en el mercado o puesta en servicio de un producto con marcado CE.

Discriminatorio

Para evitar la entrada en vigor de la medida, Anfac solicita a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho comunitario y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se suspenda cautelarmente. Medidas similares a las que solicita al Consejo de Unidad del Mercado. Para su denuncia, Anfac también argumenta que el proyecto de prohibición puede resultar discriminatorio, al dejar fuera los automóviles de combustión matriculados por residentes en las islas antes de las fechas marcadas, y contemplar excepciones para determinados vehículos de servicios públicos.

También se han quejado contra el proyecto de Armengol las principales patronales empresariales de la región. El pasado mes de septiembre emitieron un comunicado conjunto con Anfac alertando de que la medida, aprobada por el Gobierno regional, «restará competitividad a las empresas y tendrá efectos perjudiciales para el medio ambiente y un alto coste para los ciudadanos de Baleares».

A la crítica se sumaron la patronal isleña CAEB, la asociación de empresas de distribución del motor en la región, Aseda, y la federación de empresas de alquiler de vehículos con conductor Baleval. Creen que la inciativa del Ejecutivo autonómico, que pretende impulsar el vehículo eléctrico, «provocará un progresivo envejecimiento del parque» de vehículos de combustión, lo que a su vez frenará la reducción de emisiones en las Islas.

Armengol, que gobierna con el apoyo de la coalición econacionalista MÉS y el respaldo parlamentario de Podemos, pretende ir mucho más allá que la Unión Europea en su cruzada contra los vehículos de combustión. Para 2030, Bruselas acordó el pasado diciembre reducir un 37,5% las emisiones de CO2 de los automóviles. Además, siempre se ha mostrado partidaria de la «neutralidad tecnológica», sin penalizar una u otra tecnología, por ejemplo, vetando el diésel o la gasolina, y pretendiendo, en lugar de ello, incentivar el desarrollo de tecnologías más eficientes. El proyecto regional resulta vertiginoso incluso si se compara con el que estudia el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, que baraja que el hipotético veto se produzca en 2040.

Desde el punto de vista de los fabricantes, la prioridad debería ser rejuvenecer el parque móvil, con incentivos a la sustitución de coches viejos gasolina y diésel por nuevos de estos combustibles, o bien eléctricos o híbridos, pero «sin dar por ganadora a ninguna tecnología». Según datos de la industria, el 80% de las emisiones proceden precisamente de los vehículos más antiguos, mientras que los modelos nuevos, cuya circulación quedaría prohibida si prospera la legislación, que planea perseguir su venta, son hasta un 90% menos contaminantes.

Impacto en el mercado

Por ahora, el proyecto legal está teniendo justo el efecto contrario. La venta de coches nuevos solo creció en Baleares un 1,6% en 2018 frente a la media nacional, del 7%. «Esta medida supone, en la práctica, una prohibición de compra de vehículos diésel desde su misma entrada en vigor porque nadie en esa Comunidad Autónoma va a adquirir un vehículo en medio de tal incertidumbre y menos aún un diésel nuevo sabiendo que a partir de enero de 2025, no va a poder circular», denuncia Anfac.

Los efectos también se han dejado sentir en el mercado de segunda mano, donde la comercialización de vehículos más modernos cae mientras que la venta de vehículos diésel antiguos, con más de 20 años, ha crecido un 14% porque «nadie quiere invertir en vehículos nuevos o seminuevos ante la incertidumbre» de cuándo tendrán que prescindir de ellos. «El golpe para el sector es durísimo mientras que el efecto para el medio ambiente y la salud de las personas es el opuesto al que se pretendía conseguir: circularán vehículos cada vez más antiguos en vez de sustituirse por los nuevos cada vez menos emisores», detalla el escrito de la patronal automovilística.

La asociación de concesionarios de Baleares (Aseda), por su parte, ha mostrado también su «preocupación» por saber cómo se va a llevar a la práctica que los diésel nuevos no puedan circular por Baleares pero sí por el resto de España y Europa. «La legislación reconoce la libre circulación por el territorio nacional, y la Constitución, en su artículo 14, garantiza que los españoles son iguales ante la Ley», aseguraba en septiembre su presidente, Andreu Vidal.

Imagen turística

Desde el Ejecutivo regional, por su parte, defienden una medida que reconocen implícitamente como propagandística. «El cambio de modelo puede ser una baza a favor para el turismo, para que vean modernidad y apuesta por el medio ambiente», explicaba Marc Pons i Pons, Conseller de Territorio y Movilidad de las islas, durante una visita en Madrid hace unos meses.

«Baleares es un territorio aislado de reducidas dimensiones, un problema en ocasiones pero una ventaja a veces», cree Pons i Pons, quién aseguró que por estos motivos se trata de un área idónea para liderar la transición hacia las energías alternativas.

El Ejecutivo balear también busca fomentar el uso del transporte público, reduciendo el uso del vehículo privado del 55% actual al 35%. De forma paralela, se busca emplear energías alternativas para los transportes públicos. La región culminará este mes de septiembre la electrificación de toda su red ferroviaria, y exigirá el uso de combustibles como el GLP y el GNC en los transportes por carretera. «Dentro de 10 años ya habrá que plantearse hacer la reconversión completa al sector eléctrico», adelantó Pons i Pons.

Sobre las restricciones a los vehículos diésel y gasolina, el consejero explicó que el plan balear pasa por «establecer un calendario de hitos definidos y con tiempo suficiente para permitir a todo el mundo adaptarse, una red de infraestructuras de carga y descarga óptima que garantice que el parque de vehículo privado, un millón de vehículos, tendrá la seguridad de poder ser recargado cuando haya necesidad, y líneas de ayuda al sector privado que puedan facilitar la transición».

En este sentido, Pons i Pons precisó que si bien a partir de 2025 los nuevos diésel no podrán circular por las islas Baleares, «el parque viejo -vendido antes de esa fecha- podrá seguir circulando hasta 2050». En 2035 no se permitirá la circulación de nuevos vehículos térmicos, de combustión, de ningún tipo. «Ni entrada a las islas ni circulación». Mientras tanto, las empresas de rent-a-car tendrán que ir incrementando el porcentaje de vehículos de cero emisiones en sus flotas, del 2% en 2020 al 100% en 2035.