Uno de los ferris que trasladan vehículos de la Península a Baleares
Uno de los ferris que trasladan vehículos de la Península a Baleares

Los empresarios cargan contra el veto al diésel que planea Baleares: «Será perjudicial para el medio ambiente»

Aseguran que el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pendiente de aprobación parlamentaria, que prohibirá la venta de coches de gasóleo nuevos en 2025, generará una bolsa de vehículos antiguos, más contaminantes

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El plan del Gobierno de Baleares de prohibir la venta de vehículos diésel en 2025 y de gasolina en 2035 ha chocado con la oposición frontal de los empresarios. Las principales patronales de la isla han emitido un comunicado conjunto alertando de que la medida, aprobada por el Gobierno regional pero pendiente aún de su aprobación parlamentaria, «restará competitividad a las empresas y tendrá efectos perjudiciales para el medio ambiente y un alto coste para los ciudadanos de Baleares».

A la crítica se han sumado la patronal isleña CAEB, la asociación de fabricantes de vehículos Anfac, la asociación de empresas de distribución del motor en la región, Aseda, y la federación de empresas de alquiler de vehículos con conductor Baleval. Creen que la inciativa del Ejecutivo autonómico, que pretende impulsar el vehículo eléctrico, «provocará un progresivo envejecimiento del parque» de vehículos de combustión.

«El problema no es el diésel, sino los vehículos antiguos», asegura Mario Armero, vicepresidente de Anfac. Según datos de la industria, el 80% de las emisiones proceden precisamente de los vehículos más antiguos que circulan por las carreteras, mientras que los modelos nuevos, cuya circulación quedaría prohibida si prospera la legislación, son hasta un 90% menos contaminantes.

La medida, por tanto, causará un efecto contrario al que el Ejecutivo local, presidido por la socialista Francina Armengol con el apoyo de la coalición econacionalista MÉS y el respaldo parlamentario de Podemos. «Este aspecto de la ley genera controversia social e incertidumbre», asegura Carmen Planas, presidenta de CAEB, que alerta de que su aplicación no solo sería nociva para el medio ambiente sino también gravoso para los ciudadanos «ante la falta de ayudas» para efectuar la transición al vehículo eléctrico.

La industria aún sigue en negociaciones con el Ejecutivo regional, pero ve poca disposición de este a modificar su iniciativa. Una medida que desde la asociación de empresas de alquiler de vehículos Baleval consideran «un experimento» que convertirá a los baleares en «conejillos de indias».

Desde la asociación de concesionarios de Baleares (Aseda), por su parte, muestran su «preocupación» por saber cómo se va allevar a la práctica que los diésel nuevos no puedan circular por Baleares pero sí por el resto de España y Europa. «La legislación reconoce la libre circulación por el territorio nacional, y la Constitución, en su artículo 14, garantiza que los españoles son iguales ante la Ley», asegura su presidente, Andreu Vidal.

Baza a favor del turismo

Desde el Ejecutivo regional, por su parte, defienden una medida que reconocen implícitamente como propagandística. «El cambio de modelo puede ser una baza a favor para el turismo, para que vean modernidad y apuesta por el medio ambiente», explicaba recientemente Marc Pons i Pons, Conseller de Territorio y Movilidad de las islas.

«Baleares es un territorio aislado de reducidas dimensiones, un problema en ocasiones pero una ventaja a veces», cree Pons i Pons, quién aseguró que por estos motivos se trata de un área idónea para liderar la transición hacia las energías alternativas.

El Ejecutivo balear también busca fomentar el uso del transporte público, reduciendo el uso del vehículo privado del 55% actual al 35%. De forma paralela, se busca emplear energías alternativas para los transportes públicos. La región culminará este mes de septiembre la electrificación de toda su red ferroviaria, y exigirá el uso de combustibles como el GLP y el GNC en los transportes por carretera. «Dentro de 10 años ya habrá que plantearse hacer la reconversión completa al sector eléctrico», adelantó Pons i Pons.

Sobre las restricciones a los vehículos diésel y gasolina, el consejero explicó que el plan balear pasa por «establecer un calendario de hitos definidos y con tiempo suficiente para permitir a todo el mundo adaptarse, una red de infraestructuras de carga y descarga óptima que garantice que el parque de vehículo privado, un millón de vehículos, tendrá la seguridad de poder ser recargado cuando haya necesidad, y líneas de ayuda al sector privado que puedan facilitar la transición».

En este sentido, Pons i Pons precisó que si bien a partir de 2025 los nuevos diésel no podrán circular por las islas Baleares, «el parque viejo -vendido antes de esa fecha- podrá seguir circulando hasta 2050». En 2035 no se permitirá la circulación de nuevos vehículos térmicos, de combustión, de ningún tipo. «Ni entrada a las islas ni circulación». Mientras tanto, las empresas de rent-a-car tendrán que ir incrementando el porcentaje de vehículos de cero emisiones en sus flotas, del 2% en 2020 al 100% en 2035.