Carmena quiere un Museo de la Memoria en el solar de la cárcel de Carabanchel

Así lo aseguró a ABC la concejal-presidenta de la Junta Municipal de Carabanchel, Esther Gómez , (nacida y criada en el barrio), quien tuvo una primera toma de contacto con las entidades vecinales el pasado 20 de mayo. La intención del equipo de gobierno de Ahora Madrid es reclamar parte del suelo que tenía que haber cedido el Ministerio del Interior al Ayuntamiento, en virtud del protocolo que firmaron en junio de 2008 Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) y Alberto Ruiz-Gallardón (PP) para el desarrollo urbanístico de la superficie que ocupaba el viejo penal. «Se ha quedado en papel mojado, dado que Interior ha incumplido su parte», denuncian las asociaciones vecinales integradas en la Plataforma Salvemos Carabanchel: SOS Carabanchel, Eugenia de Montijo, Carabanchel Alto, Aluche y Lucero. Sin embargo, desde Instituciones Penitenciarias precisaron que el suelo se desafectó de su uso carcelario, como es obvio, y que no pertenece a la Secretaría de Estado, sin aclarar en manos de quien está.

Sea como fuere, el protocolo establecía que en esos terrenos, la Comunidad construiría un hospital público en una superficie de 40.000 metros, cuadrados tras recibir el traspaso del Consistorio; se destinarían otros 2.000 para un equipamiento municipal.

Además, en parte del suelo reservado para la Administración del Estado (34.000 metros) se levantarían 650 pisos, el 30% de protección oficial. Todo ello, así como el convenio urbanístico rubricado en 2009, se recogió en un Plan Parcial en 2010. Sin embargo, la llegada del PP al Gobierno central no sirvió para desbloquear el asunto .

Carmena se ha hecho eco de las históricas reivindicaciones de los vecinos y quiere reactivar el proyecto con el fin de darle una salida al suelo. Para ello, es preciso «alcanzar un compromiso con todas las partes implicadas, incluida la sociedad civil, destinataria de los servicios», explicó la concejal. «El espacio –172.000 metros cuadros– es fundamental para cubrir la graves carencias de dotaciones sociales que tienen los residentes de los dos distritos y, dada su amplitud, permite albergar también el centro museístico para la memoria, una vez derribada la cúpula de la prisión, donde los vecinos querían crearlo por su valor arquitectónico y simbólico», precisó la concejal, quien calificó las reclamaciones de los vecinos de «justas».

En esta línea, Gómez indicó que Carabanchel es el distrito más poblado de Madrid (263.000 habitantes) , seguido de Latina (250.000), por lo que suman más de medio millón de habitantes. Y recalcó:«No hacen falta viviendas de nueva construcción; lo que sí hace falta es atender las carencias sanitarias, sociales y de centros de mayores, ya que la población está muy envejecida» , matizó. Por ello, hizo hincapié en la necesidad «de buscar una alternativa con el compromiso de todas las administraciones para realizar equipamientos públicos en el espacio destinado a viviendas y levantar el museo». En el protocolo de 2008 se aludía a que en una zona ajardinada se levantaría un monumento en memoria de todos los encarcelados. Sin embargo, en el planeamiento que se realizó no se incluyó.

Otro de los asuntos que tienen que estudiar, además del origen del bloqueo, es el motivo por el cual el equipo de gobierno del PP en su último pleno «renunció» a los 17.000 metros ocupados por Instituciones Penitenciarias. Incluían la construcción de una Escuela de Funcionarios de Prisiones, el aledaño Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la comisaría, que revertiría al Consistorio si se les daba otro uso o se abandonaban las instalaciones.

«Los derechos sobre el suelo no los ha perdido el Ayuntamiento. Como vecinos, queremos que todo el suelo se destine a equipamientos, entre otras cosas, a un hospital. El Gómez Ulla es insuficiente: solo está en uso una quinta parte . Muchos vecinos de Carabanchel tienen como centro de referencia el Doce de Octubre, y los de Latina, el Clínico. También faltan guarderías públicas y escuelas infantiles», explica Jesús Rodríguez, portavoz de la Plataforma Salvemos Carabanchel . Al margen de ello, considera fundamental crear el museo y un centro de estudios de la memoria penitenciaria de la reciente historia de España. «Es una página que no debe perderse. Debemos recordar cómo se construyó, quienes (mil presos políticos sometidos a trabajos forzados) y por qué ingresaban en ella los represaliados por el régimen, los homosexuales y los incluidos en la ley de vagos y maleantes». «No queremos que sea un memorial mortuorio, sino vivo, de aprendizaje que sirva para no repetir los mismos errores», asevera Rodríguez. A su juicio, el lugar indicado es el CIE .

Como su compañero Antonio Castillo , de la misma entidad, consideran un error histórico que el penal se derribara en octubre de 2008: «En otras ciudades españolas (Salamanca, Valencia u Oviedo) y del mundo se les ha dado otro uso respetando su estructura». Es consciente de que la tarea no es fácil, pero seguirán adelante. «Una solución podría ser hacer una permuta con los terrenos de la operación Campamento», concluye .

«La cárcel es una tumba tal y como está ahora. Su derrumbe no tuvo ningún fundamento y supuso una falta de respecto al patrimonio arquitectónico e histórico. En ella se puede y se deben conjugar los dos usos:el utilitarista y el patrimonial», agrega Castillo. A su juicio, el museo tendría que contar con un banco de datos sobre los presos, bibliografía, exposiciones, historia de la prisión...

«En otros países sí existen este tipo de museos , no entendemos cómo aquí no», agrega. «No se ha hecho nada. El solar está vacío. Pienso que el motivo fue la crisis económica. El pelotazo urbanístico que pretendían dar con las viviendas no fraguó y el hospital no se hizo por la falta de recursos económicos, puntualiza Pedro Casas, portavoz de la AA.VV. de Carabanchel Alto, quien confía en que el Ayuntamiento impulse este asunto.

El concejal de Coordinación Territorial, Nacho Murgui , que ha presidido la Federación de Asociaciones Vecinales (FRAVM), se ha destacado desde esa entidad por apoyar estas reclamaciones ciudadanas.