Cambian de centro al joven detenido por su presunto acoso escolar a la joven que se suicidó

Además, el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid ha solicitado a la Policía que le remita toda la documentación del caso de la menor con discapacidad que se arrojo desde un sexto piso tras recibir mensajes amenazantes de los alumnos del centro, han informado ad fuentes jurídicas.

El magistrado está investigando posibles responsabilidades de adultos en el caso dentro de las pesquisas judiciales abiertas. De forma paralela, la Fiscalía del Menor lleva lo relativo a la investigación que implica a menores de edad como el del chico presuntamente autor de las mensajes amenazantes. Fuentes jurídicas han señalado que el chico fue detenido un día después del fatal desenlace. En el caso de los menores, se le realiza una exploración.

Ayer mismo, los padres de la niña comparecieron ante el juez instructor en una audiencia en la que se les propuso ejercer acciones legales. Los padres habían denunciado hace un mes que su hija, de 16 años y con una discapacidad, sufría acoso escolar.

El director del Instituto de Educación Secundaria (IES), Luis Carlos Pérez, que ayer fue apartado por la Consejería de Educación, aseguró en un comunicado que el centro tiene «la conciencia tranquila», pues se «volcó» con la menor e intentó resolver todos los problemas que se detectaron.

«El centro se ha volcado en esta alumna, se ha atendido a su diversidad, y se ha estado atento a resolver todos los problemas que la han surgido, se han detectado y se han puesto todas las medidas posibles para resolverlos», manifestó.

La FAPA Francisco Giner de los Ríos ha asegurado que estudia emprender acciones jurídicas contra la Consejería de Educación y reclama la restitución del director del centro apartado. A su juicio, «desoyeron las peticiones de intervención que se realizaron para frenar el acoso al que la alumna estaba siendo sometida».

Esto se produce antes de que la jefa de estudios del Instituto Ciudad de Jaén haya reconocido que no se comunicó por escrito el presunto caso de acoso a la menor discapacitada que se quitó la vida ni a la Dirección de Área Territorial (DAT) ni al Servicio de Inspección Educativa, a la vez que ha admitido que no abrió expediente al presunto acosar de la joven.

A su vez, exige la restitución inmediata del director del centro educativo apartado. «No es aceptable que los responsables de la Consejería de Educación traten de buscar un foco donde poner la mirada para desviarla de sus propias responsabilidades», concluye la FAPA Giner de los Ríos.